Uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, aseguró que el Poder Judicial necesita "reformas profundas", pero manifestó que hay "permanentes desacuerdos sobre cuáles son".

"Es posible afirmar que hay un consenso sobre el diagnóstico: el Poder Judicial de Argentina necesita reformas profundas. También es posible afirmar que hay un desacuerdo permanente sobre cuáles son esas reformas. Asistimos entonces a un fenómeno típico de la cultura mediocre", lanzó el jurista. 

El abogado publicó una columna de opinión en Infobae y aseguró que actualmente, en materia judicial, "los problemas no se resuelven, sino que se trasladan".

"Proliferan las declaraciones repitiendo siempre lo mismo, como si fuera novedoso, pero hay una escasa preocupación por la aplicación", planteó.

Entre una de las primeras propuestas que dio, planteó que "las reformas se deben enfocar en la demanda social y no en las disputas de poder: hace años que sólo se discute cómo se organiza el Poder Judicial". Dijo que este último planteo "es necesario, pero no suficiente".

"La litigiosidad creció tanto en cantidad como en diversidad, pero los procesos siguen siendo los mismos que hace décadas. La misma estructura procesal tiene que atender un homicidio o un conflicto familiar al mismo tiempo que trescientas mil causas del “Corralito”, o cientos de juicios de lesa humanidad. Lo fundamental ahora es concentrarse en la demanda del servicio y no en la oferta. Por eso las principales modificaciones deben estar orientadas a las reformas procesales, la gestión, la informática, y el modo de lograr juicios rápidos y justos", profundizó el integrante del máximo tribunal de la Argentina.

Ricardo Lorenzetti: "el Poder Judicial necesita reformas profundas, pero hay un desacuerdo permanente"

A su vez, planteó que las modificaciones "deben enfocarse en la independencia: la independencia del poder judicial se proclama, pero hace muchos años que la práctica muestra lo contrario. Argentina necesita un debate serio sobre la independencia del Poder Judicial, y si se la acepta, hay que conceder los instrumentos: autonomía presupuestaria, regulatoria, estructura propia de peritos en todo el país, tecnología autónoma, participación concreta de los colegios de abogados, universidades, funcionarios, empleados, gremios y reformas profundas para asegurar una profesionalidad basada en el mérito. Sobre esta base, es necesario el diseño de mecanismos institucionales de control por parte de los demás poderes y de la población".

Y por último, antes de enumerar un serie de medidas a modo de resumen, planteó: "El Juez debe dedicarse a dictar sentencias: es fundamental separar la actividad judicial de la administración y gestión. Ningún juez/a aprende a gestionar ni está capacitado para ello, ni tiene tiempo. Por eso, en la mayoría de las reformas del derecho comparado se trata de que los jueces/as de todos los estamentos sólo dicten sentencias. Por eso las actividades de administración están separadas, como también las oficinas judiciales que organizan los procesos. El juez llega y dicta sentencia. Todo lo contrario sucede en Argentina, donde se pretende que los jueces se ocupen de la administración, de la gestión, del personal, y hasta de la informática o limpieza".