La salud y la Justicia vienen chocando fuerte hace tiempo. Y ahora el Gobierno decidió meter mano. Luego de registrar un aumento del 471,79% en los amparos presentados por usuarios del sistema sanitario, la gestión de Javier Milei oficializó un nuevo mecanismo para intentar frenar la avalancha de causas: PROMESA, el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud, ya está escrito en el Boletín Oficial y promete ser la nueva herramienta para resolver conflictos sin llegar a juicio.

Con la publicación del Decreto 379/2025, se modificó el artículo 6° de la Ley N° 26.589 de Mediación y Conciliación para incluir esta vía alternativa. Desde ahora, cualquier persona que quiera presentar un reclamo contra una obra social, prepaga o prestador podrá optar por este proceso extrajudicial, “algo que no estaba contemplado en el marco legal anterior”, señalaron desde la Casa Rosada.

La medida surge en medio de un escenario judicial saturado. En 2023 ya se había notado un aumento del 20,62% en los amparos por temas de salud, pero la cifra se disparó en 2024. El Ministerio de Justicia será el encargado de delinear las normas y operativas que regulen esta mediación, y tendrá a su cargo el armado del nuevo sistema.

“Apruébase el ‘PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PREJUDICIAL EN MATERIA DE SALUD’ (PROMESA), aplicable a los casos comprendidos en el artículo 6°, inciso b) de la Ley N° 26.589”, se lee en el artículo 2° del decreto que ya entró en vigencia. El espíritu de la medida apunta a evitar la judicialización masiva y dar respuesta rápida a quienes se ven obligados a litigar por acceder a un medicamento, una intervención o una cobertura específica.

El Ministerio de Salud, por su parte, tendrá un rol clave en el diseño del sistema, especialmente en la capacitación obligatoria de los mediadores, que deberán contar con formación específica en temas sanitarios. “Resulta indispensable, como requisito excluyente, la implementación de programas de capacitación obligatoria para los profesionales que ostenten la calidad de mediadores en controversias en el ámbito de la salud”, remarcaron desde la cartera sanitaria.

Aunque la medida ya fue anunciada oficialmente, su implementación comenzará recién en agosto. A partir de entonces, las audiencias deberán concretarse en un plazo de 5 a 7 días, y será obligatoria la asistencia de un abogado. 

Además, el decreto también actualiza el funcionamiento del Registro Nacional de Mediación, que ahora incorporará formalmente a los mediadores en materia de salud, junto a los familiares y generales. También seguirán activos los registros de Centros de Mediación, Profesionales Asistentes y Entidades Formadoras, todos bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Cada jurisdicción, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá replicar este sistema, lo que anticipa una nueva etapa para quienes pelean por atención en un sistema de salud cada vez más burocrático.