Se habilitó la feria judicial para tratar el desmantelamiento del Hospital Laura Bonaparte
Ante los reclamos de diversos organismos, el juez federal Walter Lara Correa dispuso la habilitación de la feria para analizar el estado del centro especializado en salud mental. La semana pasada, el gobierno dispuso la intervención del hospital, luego de anunciar el despido de 200 empleados.
En medio de los reclamos por el despido de 200 trabajadores, el Ministerio de Salud dispuso la semana pasada la intervención del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte. La cartera que conduce Mario Lugones argumentó que buscan “asegurar el normal funcionamiento y la continuidad de los servicios y de los tratamiento de los pacientes”. En este marco, el Juzgado de Feria Contencioso Administrativo Federal dispuso habilitar la feria judicial para analizar la situación del centro de salud, a partir del pedido de diversos organismos sociales y de derechos humanos.
Desde el inicio del 2025, el Ministerio de Salud profundizó el ajuste en todas las instituciones y áreas bajo su órbita. Esto incluyó la desafectación de 1.400 trabajadores y el cierre de 15 organismos. En el caso del Bonaparte, unos 200 empleados, entre médicos, psicólogos, terapistas y administrativos, recibieron telegramas de despido. "Tanto el crecimiento desmedido del personal, como el manejo de los fondos ha afectado la capacidad de atención y el buen funcionamiento del Hospital", señalaron desde el Ministerio y agregaron: "Ante este escenario, el Ministerio de Salud busca aportar la transparencia y eficacia necesarias para garantizar el buen funcionamiento del hospital". Por último, pidieron a los gremios que “no afecten” el normal desarrollo de la atención de los pacientes.
Tras la medida dispuesta por la cartera, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitaron la habilitación de la feria y que se dicte una medida cautelar que impida al Estado reducir el personal de los diferentes equipos interdisciplinarios. “Con el despido de psicólogos y psicólogas, médicos clínicos, psiquiatras, farmacéuticos, trabajadores sociales, enfermeras y enfermeros, el hospital pierde a un tercio de su planta dejando varios servicios sin operar”, detallaron desde el organismo.
En su presentación, explicaron la crítica situación en la que entraron los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia con los despidos. “Eso incumple con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud y de asegurar a las personas usuarias la preservación de su salud, según establece la Ley de Salud Mental”, expresaron desde el CELS.
En este marco, el juez federal Walter Lara Correa, a cargo del Juzgado de Feria Contencioso Administrativo Federal, solicitó la habilitación de la feria para analizar el estado del hospital especializado en salud mental. La solitud del CELS fue apoyada por la Fundación Poder Ciudadano, Infancia en Deuda, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ELA, Fundacion FEIM y la Fundación Sur Argentina.
Además de los despidos que decidió el gobierno el pasado 15 de enero, se suma una reducción del presupuesto del hospital de 700 millones de pesos. En este marco, organizaciones sociales y legisladores nacionales acompañaron la semana pasada a los trabajadores de la salud en una ceremonia que incluyó un "abrazo simbólico" al edificio.
Los 1.400 despidos que dispuso el Ministerio de Salud afectará a los trabajadores de los hospitales Posadas, Bonaparte, René Favaloro y Sommer; el PAMI, el Instituto Nacional del Cáncer y la Superintendencia de Servicios de Salud.