Mientras el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte se lleva todas las miradas, el ministro de Justicia, Martín Soria, habló sobre la reforma del Consejo de la Magistratura y no descartó la posibilidad de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para avanzar con el proyecto del Ejecutivo.

“El artículo 99 (de la Constitución), que habla precisamente de los DNU, en ningún momento impide que se pueda llevar adelante un DNU”, dijo Soria en declaraciones radiales.

No se trata de una idea aislada de Soria, ya que la senadora bonaerense María Teresa García y el diputado Eduardo Valdés se pronunciaron recientemente y le reclamaron al presidente Alberto Fernández el dictado de un DNU. Desde Casa Rosada trataron de bajarle el tono a las declaraciones, sin embargo, ya era tarde y la oposición salió a rechazar los dichos.

El diputado nacional de Pro y exconsejero Pablo Tonelli aseguró que “sería una monstruosidad” el DNU; mientras que Mario Negri, presidente del bloque de la UCR en la Cámara baja, también criticó la posibilidad: “Ahora quieren modificar el Consejo de la Magistratura por DNU. Así empezó el chavismo cuando tenía votos, éstos saben que se van y hacen cualquier cosa por la impunidad. El Ministro Soria debe irse ya mismo”.

Más allá del cruce político, ¿es posible dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia con el objeto de regular el Consejo de la Magistratura?. Según el artículo 99 de la Constitución, el dictado requiere la existencia de una situación de “excepcionalidad”, traducida en la imposibilidad de seguir el trámite ordinario del proceso de formación y sanción de las leyes. Este punto podría volverse un obstáculo para el Ejecutivo, ya que -tal como confirmó el oficialismo- se convocará a sesiones extraordinarias para tratar el pedido de juicio político contra la Corte y el proyecto -con media sanción del Senado- podría ser incluido en la agenda.

Sin embargo, el Gobierno sabe que no tiene los votos en la Cámara baja para darle sanción definitiva a la iniciativa que, entre otras cuestiones, propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales para su funcionamiento. Además, el pedido de juicio político cerró la puerta a cualquier negociación en este sentido, lo que dificulta aún más el panorama del Frente de Todos.

La Constitución también prohíbe su dictado cuando se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, por lo que el Gobierno podría, en principio, avanzar con el DNU. No obstante, el 114 exige una “ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.

“¿Es posible dictar un DNU respecto de materias a la cuales la Constitución le impone una mayoría agravada?”, cuestionó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez en su cuenta de Twitter, al tiempo que añadió: Más allá del debate constitucional, un DNU de estas características caería inmediatamente en el abismo de la grieta. Enseguida se judicializaría profundizando los desacuerdos que evitarían, una vez más, una reforma profunda del sistema de justicia”.