“Tiene convicciones, tiene huevos y no tiene precio”.  Así definió a Luis Schiappa Pietra un ex integrante del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe que conoce al joven fiscal rosarino desde hace más de quince años. La descripción es compartida por otras fuentes, que refieren al integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) como un “hombre íntegro, incorruptible y dispuesto a ir a fondo en sus investigaciones”. Uno de esos expedientes mantiene en vilo a buena parte del poder judicial, político y empresarial de la provincia de Santa Fe. Se trata de la causa que investiga las ramificaciones de una organización de juego clandestino con operaciones en distintos puntos del territorio provincial y conexiones con integrantes del poder político y judicial.

“La investigación ya tiene una serie de personas imputadas por su relación con el juego clandestino, entre ellos dos fiscales, un empleado y el empresario que gerenciaba el negocio”, explica Schiappa Pietra en diálogo con Data Clave. Los aludidos son Patricio Serjal, fiscal Regional de Rosario y su segundo Gustavo Ponce Asahad, quienes ya fueron destituidos de sus cargos y actualmente se encuentran presos; un empleado de la Fiscalía, Nelson Ugolini; y Leonardo Peiti.

Al ser imputado, Peiti declaró como arrepentido en la causa y contó que pagaba por protección judicial a Ponce Asahad y Serjal sumas mensuales que rondaban los 4 o 5 mil dólares, lo que significó un pasaporte para recuperar su libertad y el elemento fundamental para incriminar y detener a los dos representantes del MPA rosarino. Tras cuatro meses privado de la libertad, Ponce Asahad pidió ampliar su declaración y acusó al senador Armando Traferri de ser el nexo de Peiti con la Fiscalía, lo que abrió la pesquisa a una pata política.

-¿Cómo se originó la causa?- preguntó Data Clave a Schiappa Pietra

- La investigación por el juego clandestino se inicia en Melincué y luego se abren diferentes causas en Rosario, Rafaela y otras localidades, donde había actividades ilícitas que tenían en común a Peiti. Pero nosotros empezamos a investigar otra cosa, el asesinato de un hombre en el casino City Center, a partir allí comenzaron a aparecer los vínculos que ligan a las bandas de sicarios con las actividades de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, como el juego o la venta de drogas.

DC- ¿De qué tipo eran los negocios de Peiti?

LSP- Justamente ahora estamos investigando su estructura de negocios, que nos permite comprender cómo operaba este empresario, entremezclando actividades lícitas con ilícitas. Tiene, por ejemplo, máquinas de entretenimiento en diferentes casinos, pero también se superponen con otros negocios. Pero también aparecen las actividades del Popi Larrauri (ex piloto de Fórmula 1 recientemente detenido) que podría ser un posible testaferro de Peiti a través de cuyos emprendimientos se canalizaban dineros de origen poco claro.

DC- ¿Y qué nos puede decir de la conexión de este grupo con el senador Traferri?

LSP- Junto con Matías Edery (el otro fiscal) creemos -y tenemos evidencia para explicarle a los jueces- que Traferri prestó colaboración con las empresas ilícitas de Peiti vinculadas al juego clandestino. A través de los vínculos que tenía con Serjal, facilitó ciertas prácticas tendientes a favorecer esos negocios. La investigación de Melincué permitió que se efectuaran una serie de intervenciones telefónicas, en las que aparecen los vínculos entre el empresario y el senador.

DC- ¿Por ejemplo qué tipo de vínculos?

LSP- Hay muchas comunicaciones telefónicas. En una de ellas, “Leonardo” habla con su mujer y se refiere a lo que le “tiene que llevar al Senador”, previo paso por una financiera. Hay otra escucha con el secretario legislativo –de apellido Paulichenko- donde le dice que no se olvide de “traer la plata”.

DC- ¿Y ustedes tienen elementos probatorios contundentes para sostener estas acusaciones?

LSP- Imagínese que no nos íbamos a meter con un hombre tan importante de la política sin tener las pruebas suficientes como para avalar nuestra hipótesis criminal. De hecho hay más contradicciones que avalan la acusación. Cuando sale esto a la luz, Traferri admite haber conocido a Peiti allá por 2019, cuando posteriormente quedó más que demostrado en las escuchas que se conocían desde mucho tiempo antes.

Llegar hasta la Corte

“No tenemos dudas que había una cobertura de las actividades de juego clandestino por parte de la Fiscalía regional, sobre los que Traferri tenía mucha ascendencia, básicamente Ponce Asahad y claramente el senador formaba parte de esa asociación ilícita”, explicó Schiappa Pietra.

DC- ¿Y por qué no se puede avanzar sobre Traferri?

LSP- A diferencia de lo que pasa en otros lugares de la Argentina, por el código procesal penal santafesino acá no podemos formularle una imputación si no hay desafuero. Por eso primero lo citamos, le dijimos que queríamos imputarlo y que si él renunciaba a sus fueros, nosotros íbamos a entender su buena voluntad para permitir que la investigación esclarezca el caso. Como no quiso, pedimos a la Cámara el desafuero. Por eso fuimos al Senado para explicar por qué queríamos desaforarlo, en una sesión que fue vergonzosa porque no permitieron el acceso a periodistas y pretendieron dejar todo en una omertá peligrosa para las instituciones. No nos aceptaron el desafuero.

DC- ¿Y entonces qué caminos restan?

LSP- Ahora lo que hicimos fue pedirle al juez que declare inconstitucional el artículo que nos impide imputar a un legislador. Si yo no puedo imputarlo, no puedo investigarlo con las herramientas que nos otorga la ley. Es una locura que solamente ocurre en Santa Fe. Nosotros queremos sentarlo a Traferri en una audiencia pública para mostrarle todas las pruebas con las que contamos. Sabemos que no vamos a poder disponer su detención porque tiene fueros, pero por lo menos queremos investigarlo. Si hay elementos o no para la imputación y posterior procesamiento, lo debe resolver un juez, queremos explicarle esto en una audiencia a un juez, para que lo decida. Si hace lugar el juez a nuestro pedido, citará a una audiencia imputativa al senador. Las partes que intervenimos podemos interponer recursos para que tribunales superiores lo resuelvan, como es la Corte Suprema.

DC- ¿Y estarían dispuestos a llegar a esa instancia?

LSP- Si no nos queda otro camino para impartir justicia, no le quepa duda que agotaremos todas las instancias institucionales, incluido el reclamo ante el máximo tribunal.

La cobertura política

La imputación contra este grupo –entre los que se encuentra el senador por el departamento de San Lorenzo- es muy grave. Para Schiappa Pietra y Edery, conformaron “una asociación ilícita con el fin de usufructuar dinero ilícito proveniente de la recaudación de una red de garitos y apuestas realizadas por medios electrónicos sin contar con la debida autorización legal”.

Según la imputación, estas personas son parte de una organización que funcionó desde el 24 de abril de 2017 hasta el 24 de julio de 2020. Según los fiscales, en el grupo existen distintos roles y sus integrantes hicieron distintos aportes para la organización y explotación del juego clandestino. Esto incluyó la entrega de dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones que incluyeron la omisión de perseguir delitos cuando estaban obligados a hacerlo y brindar información reservada con el fin de hacer fracasar investigaciones.

Pero la trama delictiva está sostenida en una estructura que en la provincia de Santa Fe trasciende largamente el margen de los partidos políticos y las alianzas. Ese entramado ha contado en las últimas dos décadas con la complicidad de funcionarios políticos, judiciales y policiales, cuya pertenencia partidaria nunca fue obstáculo para que trabajaran mancomunados.

“Traferri fue un eslabón muy importante para asegurar la gobernabilidad en la provincia cuando Antonio Bonfatti se impuso en aquella elección que casi se la arrebata Miguel Del Sel, candidato del PRO. En aquel momento para el socialismo fue muy importante armar una estructura de alianzas con el PJ, sobre todo el ala más cercana a los sectores conservadores y del Frente Cívico y Social, para garantizar la gobernabilidad, pero ese acuerdo también sirvió para proteger hechos delictivos y con ramificaciones ilícitas, y aún continúa”, relató un fuente con acceso a los principales despachos de la Casa Gris. “Y por eso el Senado lo protege, no a Traferri, sino a la estructura de negocios que representan que corta la política transversalmente”, acotó el informante.

Para los fiscales, Traferri aseguró la continuación de la organización y brindó cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos, mientras que Peiti organizaba los recursos económicos, materiales y humanos para montar una empresa ilícita destinada a la organización de juego ilegal en diferentes modalidades.

“El senador manejaba todo lo que ocurría en San Lorenzo y eso quedó evidenciado en la causa que investigó las actividades de Esteban Lindor Alvarado, donde aparecen policías que tenían vinculación las actividades narco. Incluso en algunas escuchas aparece mencionada la vicegobernadora Alejandra Rodenas”, explicó el diputado provincial Carlos Del Frade.

Durante las audiencias de aquel juicio, Edery y Schiappa Pietra expusieron escuchas recuperadas de 2012, donde pudo escucharse a Alvarado y al detenido comisario “Chamullo” Di Franco, mientras hablan de impulsar al entonces comisario Cristian Solá como jefe de la Policía de Santa Fe. El intercambio es de julio de 2012 y tres meses más tarde, en octubre, Solá fue designado en ese cargo durante el gobierno de Bonfatti y el mandato de ministro de Seguridad de Raúl Lamberto. De hecho, en el intercambio entre el supuesto líder narco y el jefe policial Di Franco dicen haber contactado a “un pariente de Lamberto”.

También en ese marco se conoció el audio de otra conversación entre el presunto jefe narco con su abogado Claudio Tavella, ambos detenidos, en donde Alvarado dice: “Que me dé una mano la Rodenas”, en alusión a la actual vicegobernadora y ex jueza. “Todos sabemos que (Alejandra) Rodenas responde en la interna del PJ a Traferri y que ambos ahora estarían cerrando una alianza con el actual ministro de Defensa del gabinete nacional Agustín Rossi en vista de las elecciones”, aportó un legislador santafesino. Nadie entiende en Santa Fe este alineamiento político y algunos se plantean si no obedece a la búsqueda de una protección más amplia para estos sectores.

Más allá de la independencia con la que los fiscales vienen desempeñando su labor investigativa, es evidente que detrás de esta causa están los poderes en las sombras de la provincia de Santa Fe. Y que mientras eso ocurra, la justicia y el ministerio público de la acusación se verán en serios problemas para llevar a fondo este “mani pulite” tan necesario a la hora de depurar las instituciones democráticas.