El rol de los espías se asoma, por ahora, como la principal línea de investigación que persigue la fiscalía de Taiano. Esto surgió a raíz del famoso entrecruzamiento de llamadas que en su momento ordenó la denostada fiscal Viviana Fein, la primera que tuvo a cargo la investigación, cuando todavía no era una cuestión federal. Ese entrecruzamiento, que llevó años y que aún no está del todo terminado, arrojó una supuesta “actividad inusual” de llamadas entre agentes en puntos cercanos al departamento de Le Parc Puerto Madero, donde Nisman vivía.

De esto se desprende que poco menos de 100 ex agentes sean citados seguramente a declarar luego de la feria judicial en calidad de testigos para dar precisiones de lo sucedido. Nada nuevo bajo el sol: desde hace varios años que incluso se habla del espía que ubicaron cerca de la casa de Diego Lagomarsino, en zona norte. El informático que trabajaba con el fiscal está procesado como partícipe necesario del homicidio, de acuerdo a lo que consideró el juez Julián Ercolini.

La entrega de la pistola Bersa calibre 22 fue lo que lo implicó directamente con el caso, ya que esa arma fue la que le ocasionó la muerte a Nisman. Como estrategia defensiva, Lagomarsino decidió no apelar su procesamiento. Sostienen desde su defensa que lo mejor que puede suceder es que se vaya a juicio lo más pronto posible. “¿Qué evidencias sostienen una acusación contra él? Ninguna. Sin pruebas, no hay condena”, remarcan desde su entorno.

Los otros personajes que están procesados en la causa principal son los cuatros custodios que debían garantizarle la seguridad al por entonces titular de la UFI AMIA. La acusación contra ellos abarca dos delitos: encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por lo pronto, el análisis de las cámaras de seguridad de Le Parc no arrojó elementos contundentes o alguna prueba que pueda sustentar la hipótesis del homicidio. Si bien desde la investigación hacen hincapié en que algunas cámaras no funcionaban o en que la seguridad del complejo no era todo lo segura que debía ser, no hay evidencias que sustenten el ingreso al departamento de Nisman. 

Ningún vecino del complejo escuchó algo inusual ese fin de semana ni tampoco se encontraron rastros de alguna pelea dentro del departamento, que incluso estaba cerrado por dentro. El peritaje que sostenía fundamentalmente la teoría del homicidio fue el que realizó varios años después de la muerte Gendarmería Nacional, que entra en colisión con el trabajo realizado por el Cuerpo Médico Forense. La Junta Médica interdisciplinaria realizada al comienzo de la investigación fue meticulosa y precisa en sus conclusiones. El peritaje de Gendarmería se hizo en base a fotos, radiografías e informes: nunca tuvieron el cuerpo del fiscal delante suyo.

Mientras la causa por la muerte del fiscal gira en círculos sobre lo mismo, dentro de Tribunales se activó un expediente que parecía dormido. Se trata de la cuestión patrimonial de Nisman y un posible lavado de dinero, como contó Data Clave la semana pasada. Allí se entremezclan las cuestiones familiares pero también los nexos económicos, empresariales y hasta del espionaje que mantenía el fiscal.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó una serie de medidas tendientes a clarificar la situación económica, que van desde pedir datos de la sucesión, el embargo de los bienes de los familiares y la intervención de las tres empresas de un empresario amigo de Nisman. La otra ramificación tiene que ver con un viejo expediente que tuvo revuelo político: la causa por las escuchas ilegales que involucró a Mauricio Macri. ¿Por qué Nisman intervino allí si no era su rol? ¿Era realmente porque uno de los “espiados” era Sergio Burstein (querellante dentro de la causa por el atentado a la AMIA? ¿O había otra intención? 

Aquí es cuando surge el nombre de Eugenio “Pipo” Ecke, vinculado a ese expediente y también a Claudio Picón, el amigo de Nisman que le prestaba la camioneta y que aparece como imputado en la causa de lavado. Ecke fue jefe de seguridad del grupo Exxel.

La otra pata económica la traerá la situación de Damián Stefanini, el financista desaparecido en 2014 y que le depositó al fiscal en su cuenta bancaria de Estados Unidos. Sobre esto último, el juez Martínez de Giorgi pidió más información, tal como contó Data Clave la semana pasada. La idea es reconstruir la ruta del dinero, de los ingresos y también establecer si la situación económica de Nisman y su entorno puede sustentarse en base a los ingresos legítimos del fiscal.