Con el apoyo garantizado de más de 40 senadores, la iniciativa para recomponer las jubilaciones, que ya cuenta con media sanción de Diputados, se encamina a convertirse en ley apenas toque el recinto del Senado. La Casa Rosada, en cambio, ya puso en marcha su única estrategia posible: estirar los tiempos al máximo para intentar evitar un nuevo revés parlamentario. Como ya anticipó Javier Milei, el Ejecutivo planea vetar la norma si se aprueba, pero para eso primero necesita que llegue a sus manos.

La propuesta aprobada en la Cámara baja establece un aumento del 7,2% para los haberes jubilatorios y una actualización del bono que perciben quienes cobran la mínima, pasando de $70.000 a $110.000 mensuales. Además, hay un segundo expediente que busca regularizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad, que también podría recibir dictamen favorable.

Los números en el Senado no le dan margen al oficialismo. El kirchnerismo tiene 34 senadores propios y ya sumó el apoyo de legisladores de la UCR y de bloques provinciales, lo que deja prácticamente cerrada la posibilidad de frenar la sanción. Lo único que puede hacer el Gobierno es dilatar el tratamiento en comisiones, antes de que el texto llegue al recinto. Y allí entra en juego el rol de Victoria Villarruel, que por estas horas es quien tiene la llave del calendario parlamentario.

La definición de qué comisiones analizarán el proyecto todavía no está cerrada, ya que Diputados aún no giró los textos aprobados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Pero lo más probable es que el debate pase por Presupuesto y Hacienda, y Trabajo y Previsión Social. Ambas tienen particularidades que pueden jugar a favor del oficialismo en términos de demoras, aunque no en la cantidad de votos.

La comisión de Presupuesto la preside Ezequiel Atauche, el jefe del bloque libertario en el Senado. En tanto, Trabajo y Previsión estuvo a cargo hasta el año pasado de Carmen Álvarez Rivero, senadora del PRO por Córdoba, alineada con Patricia Bullrich y crítica del expresidente Mauricio Macri. Su estilo frontal generó tensiones internas, y no está asegurado que vuelva a ocupar ese lugar, lo que podría alargar aún más el proceso de definición.

Sin embargo, el problema para el Gobierno es que la integración de ambas comisiones tampoco le juega a favor. En Trabajo, al menos 11 de los 17 integrantes estarían dispuestos a apoyar la recomposición jubilatoria, mientras que en Presupuesto y Hacienda el número sube a 13 votos seguros. Si el proyecto consigue dictamen, será cuestión de días para que se trate en el recinto, donde los votos también están asegurados.

Además de los 34 del kirchnerismo, ya confirmaron su respaldo senadores de la UCR como Martín Lousteau (CABA), Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa). A ellos se suman figuras como Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Alejandra Vigo (PJ Córdoba) y los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia. Por el lado del PRO, la única que ya aseguró su voto es Guadalupe Tagliaferri, cercana a Horacio Rodríguez Larreta.

Hasta ahora, Villarruel y su equipo solo tienen en agenda una sesión para fines de mes, que contará con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien debe brindar su informe sobre la gestión. Los senadores ya enviaron sus preguntas por escrito y solo falta la respuesta para fijar la fecha. Si el oficialismo no logra retener la iniciativa en comisiones, esa podría ser también la sesión en la que se trate la actualización jubilatoria.

Mientras tanto, el Gobierno ya se resignó a que no podrá bloquear el quorum, una jugada que requeriría deserciones que no se prevén en bloques con disciplina interna alta, como el kirchnerismo o incluso sectores radicales. Así, el reloj corre para un nuevo enfrentamiento institucional, en el que Milei volverá a usar el veto presidencial como último recurso frente a una derrota legislativa que parece inevitable.

El proyecto que se votará en el Senado también alcanza a beneficiarios de la jubilación mínima a través de un bono actualizado que se pagará por la Anses. La misma sesión podría incluir el tratamiento de la iniciativa para regularizar pagos a prestadores vinculados a la atención de personas con discapacidad.