La provincia de Buenos Aires enfrenta un escenario complejo en su calendario tributario. El gobierno de Axel Kicillof, a través de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), decidió posponer los vencimientos de los principales impuestos patrimoniales, entre ellos el Inmobiliario Urbano y Rural, Automotores y Embarcaciones Deportivas, hasta marzo de 2025. Esta decisión se tomó debido a la falta de aprobación de la Ley Fiscal Impositiva 2025 en la Legislatura provincial.

La medida impactará en el cronograma habitual de vencimientos, ya que en años anteriores la primera cuota del Inmobiliario se cobraba en febrero. Según lo dispuesto por la resolución 1/2025 publicada en el Boletín Oficial, los contribuyentes deberán esperar hasta que se apruebe la normativa para conocer las nuevas fechas de pago.

Desde ARBA, explicaron que esta postergación responde a la imposibilidad de emitir boletas de estos tributos sin un marco normativo vigente. Además, aseguraron que quienes no registren deudas podrán acceder a un descuento de hasta el 15% mediante el pago anual anticipado, un beneficio diseñado para incentivar el cumplimiento fiscal.

El proyecto de Ley Fiscal Impositiva, enviado en diciembre junto con el Presupuesto provincial, quedó trabado por la falta de apoyo político. Esta situación afecta no solo la planificación financiera de la provincia, sino también la implementación de medidas que buscan aliviar a los contribuyentes en un contexto de incertidumbre económica y política.

En contraste, el cronograma del impuesto sobre los Ingresos Brutos continuará sin modificaciones, dado que constituye una de las principales fuentes de recaudación para la provincia. Los Agentes de Recaudación e Información también deberán respetar los plazos establecidos para la presentación de sus declaraciones juradas.

La falta de consenso político no solo retrasa la aprobación de la ley, sino que habilita al Ejecutivo provincial a mantener el esquema impositivo de 2024. Esto incluye la polémica quinta cuota del Impuesto Inmobiliario Rural, regulada en los artículos 138 y 139 de la Ley Fiscal anterior. Este gravamen adicional, aplicado a propiedades con bases imponibles superiores a ciertos umbrales, generó fuertes críticas en el sector agropecuario.

Por su parte, el proyecto para 2025 plantea condiciones más flexibles, lo que podría eliminar esta cuota extra si finalmente se sanciona. Mientras tanto, ARBA reafirma que las medidas actuales buscan equilibrar la recaudación fiscal con el alivio a los bonaerenses, especialmente en un año atravesado por tensiones políticas y económicas.