En un clima convulsionado y marcado por las elecciones de consejeros, la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura decidió que este viernes recibirá si o si al juez Walter Bento, investigado penalmente por liderar la organización que tenía como principal objetivo beneficiar a personas imputadas por graves delitos federales a cambio de dinero.

La causa penal tuvo novedades hace diez días cuando el fiscal federal Dante Vega pidió la elevación a juicio de la causa. En paralelo, Bento tenía una cita en el Consejo para defenderse en el marco de la investigación que lo puede llevar a quedarse sin su cargo de magistrado federal-electoral.

El juez pidió a través de una nota un cambio de fecha y aseguró que su exposición podría extenderse durante más de una jornada. El consejero Pablo Tonelli propuso poner un límite a la exposición, algo que no contó con el aval del resto de sus colegas, aunque sí se acordó que la audiencia del próximo viernes 14 de octubre durará entre cuatro y cinco horas. En ese momento, se evaluará si es necesario agregar otra audiencia.

Bento podría comparecer de forma presencial o presentar un escrito, aunque por su pedido parecería que quiere hablar frente a los y las consejeras. Su cita es una especie de “indagatoria” dentro de este proceso. “La misma deberá contener una sintética relación de los hechos imputados, la calificación provisional de su conducta como falta disciplinaria o causal de remoción, y la exposición de las pruebas obrantes en el expediente que serán puestas a disposición del magistrado”, establece el reglamento de la Comisión.

Por otra parte, la situación de los magistrados Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi se acerca a una resolución. Ambos fueron denunciados hasta por la Defensora General de la Nación después de una serie de fallos misóginos donde desconocían la normativa vigente en cuanto a perspectiva y violencia de género. Ambos presentaron escritos donde defendieron su actuación.

Ayer, la Comisión de Acusación dio por concluida la etapa de prueba y avanzó hacia un paso clave: los y las consejeras podrán elaborar sus dictámenes para determinar si las denuncias avanzan hacia un jury o si son desestimadas.

En 2020, los dos integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº8 condenaron a un hombre por abusar de su hermana por parte de madre. Sin embargo, en un apartado especial, ambos pidieron que investigue a médicos por haberle realizado un aborto legal a la víctima. Sostuvieron en ese fallo que el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación era “un manual de salvajadas inhumanas”.

“La niña fue llevada a un hospital público para que estos médicos mataran a su hijo. Un niño sano, sin ninguna patología conocida, cuyo único pecado ha sido ser el fruto de un crimen deleznable (aunque un crimen absolutamente ajeno a él)”, agregaron. En esa misma resolución, los jueces habían tildado de “sicarios y asesinos a sueldo” a los médicos y consideraron que “el mundo moderno, la ideología dominante y los poderosos de la tierra promueven el homicidio prenatal como un modo de reconocer el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo”.

Cabe recordar que Casación ordenó que se eliminen de la sentencia todos sus comentarios, en una decisión inédita. Además, fueron acumulándose otros casos donde los jueces no aplicaron ningún tipo de perspectiva de género. En mayo de este año, Data Clave reveló los dos magistrados se negaron a calificar como femicidio el asesinato de una mujer y hasta llegaron a comparar la aplicación de perspectiva de género con “el régimen soviético”.

"El hombre de a pie sabe que está mal amenazar, lesionar y/o matar a cualquiera y, más todavía, a una mujer. Lo sabe porque sus padres le enseñaron que es de cobarde pegarle -y mucho más matar- a una mujer. Y sus padres lo sabían, porque a su vez habían recibido esa enseñanza de sus mayores, y así siguiendo. Pero el hombre de a pie poco conoce de la retórica vana de los ideólogos, de relaciones desiguales de poder, ni de sociedades patriarcales”, lanzó el juez Anzoátegui, en un voto al que adhirió Rizzi.

Por último, la Comisión decidió notificar al juez federal de Paraná Daniel Alonso, acusado debido a haber dictado una cautelar donde se intentó frenar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema donde se declaró inconstitucional la integración del propio Consejo de la Magistratura y obligó a regresar a su integración actual de 20 miembros.