El Gobierno nacional avanzó con una serie de cambios estructurales en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y le dio una nueva herramienta de alto voltaje político: el control sobre la Ley de Acceso a la Información Pública. Con la publicación del Decreto 302/2025 en el Boletín Oficial, el ministerio incorporó la función de “intervenir en la normativa que regula el acceso a la información pública, establecida por la Ley N° 27.275”, en el marco de una supuesta apuesta por mejorar la transparencia estatal. Sin embargo, el mismo Gobierno ya había recortado esa ley el año pasado.

El decreto lleva las firmas de Javier Milei y del propio Sturzenegger, y valida además otros cambios organizativos, como la aprobación del primer y segundo nivel operativo del Ministerio y la validación de los organigramas internos. También se homologaron cargos del personal activo bajo el régimen del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y se habilitó al ministro a realizar nuevas modificaciones dentro de ese esquema.

Una parte sensible de esta reforma es la incorporación del control sobre el acceso a la información pública a la órbita de Sturzenegger. Hasta ahora, ese ámbito tenía un funcionamiento más descentralizado y orientado a garantizar el derecho ciudadano a pedir y recibir datos del Estado. Pero en septiembre de 2024, el Gobierno ya había avanzado sobre esa norma mediante el Decreto 780/2024, que modificó puntos clave de la Ley 27.275, acotando la definición de “información pública” y exigiendo más requisitos para las solicitudes. En otras palabras, ya se había empezado a limitar el acceso antes de que Sturzenegger tomara el control.

Entre los cambios más cuestionados de aquel decreto está la redefinición de qué se considera información pública. El artículo 3 estableció que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada”, aunque esos datos estén en manos del Estado, de concesionarios de servicios públicos o incluso de empresas del propio sector público. También se reglamentaron los requisitos para solicitar acceso: datos personales, domicilio, CUIT y hasta copia del poder legalizado si se trata de una persona jurídica.

El nuevo decreto, sin embargo, aclara que estos cambios no implicarán aumento de presupuesto ni de unidades dentro del Ministerio. “Hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas por la presente medida, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes”, detalla el texto. Todo el financiamiento provendrá de los fondos ya asignados a la Jurisdicción 89, correspondiente al Ministerio de Desregulación.

En paralelo, Federico Sturzenegger viene mostrando su hoja de ruta en foros internacionales. Días atrás, participó del JFK Jr. Forum de la Universidad de Harvard, donde defendió a capa y espada el ajuste estatal como vía para alcanzar el equilibrio fiscal. “El camino hacia el superávit fiscal no pasa por aumentar los impuestos, sino por una drástica reducción en el gasto del gobierno”, sostuvo, y apuntó contra “grupos de poder” que “tratan de frenar lo que estamos haciendo”. Según dijo, su cartera ya recibió más de 12.000 reclamos ciudadanos que “nos permitieron orientar la agenda de desregulación”.

Durante esa charla en Harvard, Sturzenegger también adelantó que el Gobierno prepara un nuevo paquete de reformas una vez estabilizado el frente macroeconómico. Los planes incluyen cambios en el sistema tributario, el mercado laboral y una apertura más agresiva de la economía hacia el exterior. “La Argentina está en medio de un boom de exportaciones, especialmente en energía y minería”, afirmó, y aseguró que eso podría generar una mayor entrada de dólares que aprecien el valor del peso.

La Ley 27.275, sancionada en 2016, establece que el acceso a la información pública es un derecho humano y una herramienta para fortalecer la participación ciudadana y el control democrático. Hoy, bajo la lupa de un ministerio con una impronta de achique, su futuro queda atado a la discrecionalidad de una gestión que ya mostró señales de querer acotar ese derecho.