La jueza uruguaya especializada en Crimen Organizado de primer turno, Adriana Chamsarian, suspendió el pedido de extradición de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón hasta que la Comisión de Refugiados (CORE) defina si acepta el pedido del operador judicial macrista para radicarse en el país.

De todas formas, le retendrán el pasaporte y la jueza solicitó que se cierren las fronteras para que tampoco pueda tener habilitado algún tipo de paso mientras se resuelve su situación judicial.

Rodríguez Simón tiene 24 horas para fijar domicilio y comunicarle a la jueza a dónde se está quedando hasta la definición de la CORE (que tiene hasta 90 días).  

"Estamos conformes con la decisión judicial porque es consecuente con el respeto del instituto de protección que se esta discutiendo, se rechazó la solicitud de detención preventiva porque es incompatible con la calidad de solicitante de refugio", declaró a El País Rodrigo Rey, abogado de Rodríguez Simón. La audiencia donde la jueza tomó la decisión comenzó a las 14:45 y había toda una guardia periodística montada fuera del juzgado.

La audiencia fue parte de lo que Data Clave había anticipado este fin de semana como uno de los pasos necesarios para avanzar en el trámite contra “Pepin”. Del encuentro judicial participaron los abogados defensores, Pepín y la Fiscalía. Allí se expuso toda la documentación que fue enviada desde Argentina sobre la causa donde Rodríguez Simón iba a ser indagado por la jueza argentina María Romilda Servini, quien solicitó la extradición.

La jueza uruguaya también tuvo acceso a las presentaciones que hizo Rodríguez Simón ante la Comisión de Refugiados (CORE). 

El trámite de extradición, en condiciones “normales”, demora entre uno y tres meses cuando la persona requerida acepta ser enviada al país que la reclama. En este caso, distintas fuentes señalaron que el proceso podría demorarse hasta dos años.

La Secretaría Permanente de la CORE es un organismo que depende de la Cancillería y está compuesto por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo; otro de la Dirección Nacional de Migración; un representante de una universidad; un legislador y dos integrantes de organizaciones no gubernamentales. También participa un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados pero no tiene voto.