El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, salió al cruce del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, luego de que este último le pidiera a la Corte Suprema la suspensión del fallo Levinas, que habilita al Tribunal Superior de Justicia porteño a revisar causas de la justicia nacional. Para Tapia, el pedido de Casal es una “maniobra dilatoria” que busca frenar la aplicación de la sentencia.

A través de sus redes sociales, el funcionario porteño cuestionó la solicitud del procurador y remarcó que la decisión del máximo tribunal debe cumplirse sin más demoras. "Los fallos están para cumplirse. La Corte Suprema fue clara y contundente: terminemos con el 'inmovilismo'. Terminemos con las dilaciones", publicó Tapia, dejando en claro su postura frente a la controversia.

X de Gabino Tapia

En la misma línea, instó a avanzar con las transferencias de competencias judiciales pendientes entre la Nación y la Ciudad para lograr una autonomía plena, tal como establece la Constitución Nacional. "Avancemos de una vez con las transferencias pendientes, de manera consensuada y ordenada con la Nación, para concretar una autonomía plena para la Ciudad. Así lo establece nuestra Constitución Nacional. Soluciones porteñas para los porteños", enfatizó Tapia.

El reclamo del procurador Eduardo Casal se materializó a través de una nota enviada al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, en la que alertó sobre las posibles consecuencias del fallo Levinas en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Según Casal, la decisión de la Corte podría impedirle cumplir con sus funciones constitucionales en los procesos que tramitan en la justicia nacional con competencia en la Ciudad de Buenos Aires.

Casal argumentó que su dependencia solo tiene facultades para intervenir ante tribunales nacionales, pero no para apelar decisiones ante el Tribunal Superior de Justicia porteño. En ese sentido, advirtió que tampoco los fiscales de la Fiscalía General de la Ciudad tienen competencia para interponer recursos ante la justicia local, lo que generaría un vacío procesal que, según él, debe ser resuelto antes de aplicar el fallo.

"Por ello, y sin perjuicio del criterio de esta Procuración General acerca del fondo de la cuestión decidida en aquel pronunciamiento, me permito sugerir al Tribunal que, en ejercicio de sus atribuciones de superintendencia, suspenda la aplicación de lo decidido entonces hasta que se resuelva de manera normativamente adecuada la restricción que impide a este Ministerio Público Fiscal de la Nación llevar a cabo legal y eficazmente la nueva actividad procesal ante el fuero porteño que allí se demanda", sostuvo Casal en su escrito.

El fallo Levinas fue emitido a fines de 2024 y ratificó la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires revise causas provenientes de la justicia nacional. La sentencia se enmarca en un proceso más amplio de transferencia de competencias que la Ciudad viene reclamando desde hace años para consolidar su autonomía en materia judicial.

El fallo generó resistencias dentro del ámbito judicial y abrió un nuevo frente de disputa entre la Nación y la administración porteña. Mientras que desde la Ciudad lo celebran como un paso clave hacia la independencia de su justicia, desde el ámbito nacional advierten sobre posibles conflictos de competencia y riesgos para el principio de unidad del sistema judicial.

Por el momento, la Corte Suprema deberá decidir si avanza con la aplicación del fallo o si hace lugar al pedido de Casal y congela su ejecución hasta que se resuelvan las dudas planteadas por la Procuración.