Cuando el ex fiscal Pablo Lanusse salió a hablar con los medios, desde el Gobierno miraban con reojo lo que pasaba en el juzgado de Dolores. Algunos funcionarios incluso se habían animado a hacer bromas por la escasa convocatoria de apoyo al ex presidente. El humor cambió de repente cuando se supo que la indagatoria no se había llevado a cabo porque Mauricio Macri no había sido relevado del secreto correspondiente a los asuntos de inteligencia.

La primera reacción fue culpar al juez Martín Bava: lo acusaron de desprolijo, de ingenuo, hasta de cómplice de la estrategia jurídica de Macri. Le marcaban que se apuró a llamarlo a indagatoria y que ahora el chivo expiatorio de la oposición iba a ser el propio Gobierno.

Los reproches se repetían hasta que apareció un legajo reservado donde el juez Bava le había preguntado a la Agencia Federal de Inteligencia por el secreto. La actual interventora de la AFI Cristina Caamaño había contestado de manera oficial que no podía relevarlo del secreto. “Siempre es hacia abajo, nunca hacia arriba”, explicaban en La Casa Rosada al respecto de cómo es el mecanismo para otorgar este tipo de cuestiones. O sea, solo puede hacerse con funcionarios o ex que hayan pertenecido a la Agencia. Macri tuvo acceso a cuestiones de inteligencia por su cargo como Jefe de Estado.

La crítica a Caamaño dentro del oficialismo llegó porque nunca avisó de esta solicitud del juez. No hubo un intercambio de información con el Ejecutivo. En Rosada afirmaban ayer que no tenían idea del tema hasta que se hizo público. Por eso el apuro en que saliera el decreto y en que Alberto Fernández lo firmara antes de partir a Roma.

En Tribunales consideraron que el juez Bava no previó que Macri iba a utilizar esta carta y hasta apuntaron que la defensa del ex presidente todavía es manejada por su histórico abogado Alejandro Pérez Chada, aunque en los papeles y en el expediente sea Lanusse el que pone la firma. Quienes defendían la labor judicial afirmaban que el magistrado Bava no podía saber que en la indagatoria se iba a hablar de cuestiones reservadas de inteligencia y que incluso podría haberlo avisado con anterioridad.

El ambiente quedó caldeado y quienes apuntaban a que esta causa estaba “armada” se llevaron una victoria. La discusión volverá a una posible recusación planteada por la defensa, lo que llevaría a una nueva intervención de la Cámara Federal de Mar del Plata.

Si Bava es nuevamente ratificado, será cuestión de esperar a la declaración para ver si efectivamente había algo de secreto de Estado o si se trató de una estrategia jurídica. Si el juez es apartado, Macri conseguiría no solo una victoria judicial sino política y hay quiénes creen que podría abrirle la puerta a que la causa -a pesar de las pruebas- quede en el olvido.