Tras la entrega de Bullrich en Avellaneda, damnificados revelan el trasfondo de una estafa organizada

Más de 60 familias que fueron adjudicadas por sorteo para acceder a una vivienda en el desarrollo urbanístico Sagol, en Avellaneda, se organizan y denuncian una maniobra deliberada del Gobierno para dejar sin efecto su adjudicación. Las casas, que fueron parte del programa Procrear, terminaron en manos de integrantes de las fuerzas federales tras una decisión de la ministra Patricia Bullrich, quien se presentó días atrás en el lugar y entregó las llaves sin reconocer el proceso previo de selección.

Los damnificados se reunieron en la Defensoría del Pueblo local y ya consensuaron la presentación de oficios ante el Ministerio de Seguridad, el de Economía y el Banco Hipotecario, entidad que debía gestionar los créditos. En paralelo, evalúan avanzar con un amparo colectivo. En la reunión hubo testimonios que desgarran: trabajadores, profesionales, madres solteras, jubilados y empleados públicos contaron cómo quedaron atrapados en una telaraña burocrática tras haber sido adjudicados formalmente por sorteo el 23 de noviembre de 2023.

"Es la historia de quienes esperaban mudarse con sus familias, gente que hoy perdió su trabajo y ya no puede acceder a un crédito", explicó Daniel García, defensor del Pueblo de Avellaneda. El funcionario no dudó en calificar lo sucedido como "una estafa y, me animo a decirlo, hasta una asociación ilícita".

El desarrollo Sagol estaba casi listo cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada. Solo faltaba que Edesur conectara la electricidad. Pero todo se detuvo. Desde entonces, los adjudicados no pudieron completar el trámite en el banco. La plataforma para cargar la documentación dejó de funcionar y la entidad financiera se limitó a repetir: “hay que esperar directivas”. Según denunciaron, esa orden fue deliberada. Algunos incluso llegaron a tener la tarjeta de débito en mano.

El 10 de junio, Bullrich se presentó en el predio y anunció que las unidades se destinarían a las fuerzas federales. No mencionó el Procrear ni reconoció el proceso en curso. Aquel día, el acceso al predio estuvo militarizado y las familias que intentaron acercarse fueron echadas. García, quien intentó participar, tampoco pudo ingresar.

"Somos dos trabajadores, ella de la salud y yo metalúrgico. No pedimos que nos regalen nada, solo poder acceder al crédito y pagar lo que correspondía", escribió una de las parejas perjudicadas. Otro adjudicado relató que logró entrar al acto por una puerta lateral y, al preguntar por la modalidad de pago, le respondieron: "a nosotros nos las regalan".

Juan Pablo Negro, exsubsecretario de Política de Suelo y parte del equipo que diseñó el Procrear en 2012, sostuvo que "dieron de baja un programa que se volvía autosustentable". Al momento de su salida, la morosidad era menor al 1% y solo restaban tres cuotas para saldar la deuda con la Anses. Hoy, esa deuda ya está cancelada.

La decisión del Gobierno de absorber los recursos del fideicomiso se plasmó en la resolución 764/25 del Ministerio de Economía, que instruye al Banco Hipotecario a transferir los fondos recaudados por cuotas a la cuenta de Recaudación TGN. Se desconoce qué uso se le dará a ese dinero, estimado en 20 mil millones de pesos mensuales.

"Entiendo que al banco le dieron la orden de frenar todo y no se avanzó, como con el resto de la obra pública nacional", aseguró Negro. Las 136 familias del sorteo y otras 24 adjudicadas por la municipalidad bajo el programa Casa Propia quedaron varadas, sin respuestas.

Mientras tanto, algunos damnificados ya recurrieron a la Justicia. El abogado Leonardo Herrera Martínez, que patrocina a siete de ellos, indicó que los amparos avanzan con lentitud: cuatro fueron derivados a la Justicia Federal de Quilmes y tres siguen en la ciudad. Uno fue rechazado bajo el argumento de que “no se afectaron garantías constitucionales”, decisión que ya fue apelada.

"Esto es incumplimiento de los deberes de funcionario público", afirmó el letrado, y agregó: "Lo que hay acá es un desbaratamiento de derechos acordados. Es una estafa". La entrega “a dedo” de las viviendas contrasta con el proceso transparente del sorteo. Y nadie explica aún cómo serán adjudicadas por las fuerzas.

Una de las damnificadas, Paola, es empleada del propio Ministerio de Seguridad. “Si nos echamos para atrás, más fundamentos van a tener para vulnerar derechos”, dijo. Su hija está diagnosticada con autismo y teme que el retroceso en políticas públicas la deje aún más expuesta.

Otra, Julieta, enfermera y madre de cuatro hijos, detalló que "el alquiler se lleva el 60 por ciento de mi sueldo". También está el testimonio de una abogada que denunció que “nos arrebataron lo que por derecho ya era nuestra vivienda”. Todas las historias tienen un mismo hilo: el esfuerzo por cumplir con los requisitos, la ilusión de un hogar y la desilusión de verse desplazados sin explicación.

La Provincia estima que hay más de 16 mil viviendas paralizadas en su territorio, de las cuales unas 9.800 corresponden al Procrear. La naturaleza fiduciaria del programa dificulta el traspaso de obras. Y mientras se acumulan papeles, recursos y promesas, los damnificados se organizan para que su lucha no quede sepultada junto al sueño de la casa propia.