Tras la presión judicial, el Gobierno nacional aceptó parte del reclamo de Córdoba por la deuda de la Caja de Jubilaciones y formalizó un primer acuerdo ante la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un adelanto de $60 mil millones, que la Nación pagará en 12 cuotas mensuales de $5 mil millones, a partir de mayo, como anticipo del ejercicio 2025. El arreglo fue rubricado tras una audiencia de más de una hora entre funcionarios de ambas jurisdicciones y representantes del máximo tribunal.

La reunión se dio en el marco del expediente por una deuda histórica que supera el billón de pesos, derivada del incumplimiento en los envíos nacionales a las cajas previsionales no transferidas, como la de Córdoba. La audiencia fue encabezada por el gobernador Martín Llaryora, acompañado por su ministro de Economía Guillermo Acosta, el fiscal de Estado Jorge Córdoba, el titular de la Caja Adrián Daniele y un equipo de letrados. Por parte del Ejecutivo nacional, participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

"El Gobierno Nacional reconoció formalmente la deuda y los incumplimientos con la Caja de Jubilaciones de la Provincia", expresó Llaryora al salir del encuentro. Según el mandatario, este primer entendimiento implica "transferencias mensuales de fondos por $60 mil millones a cuenta del año 2025", aunque aclaró que se trata de una cifra parcial, mientras se sigue negociando el pago de la deuda completa.

El acuerdo fue celebrado como un avance en el conflicto, pero está lejos de cerrar la disputa. El 26 de noviembre habrá una nueva audiencia en la Corte, donde Nación y provincia deberán presentar avances en las auditorías cruzadas que buscan determinar el monto total de la deuda acumulada desde 2019 hasta 2024. Una vez consolidada, se evaluará la forma de pago, que podría incluir bonos, inmuebles del Estado nacional ubicados en Córdoba u otras herramientas financieras.

"Decidimos avanzar con un espíritu de colaboración y diálogo institucional", señaló Llaryora. En ese marco, remarcó que "Córdoba siempre apostará al federalismo y la cooperación entre niveles de gobierno", aunque aclaró que "nunca renunciará a reclamar lo que legalmente le corresponde". El gobernador hizo énfasis en el impacto que tiene este atraso para los jubilados cordobeses: "Seguiremos defendiendo sus derechos con firmeza", prometió.

X de Martín Llaryora

La negociación entre la Casa Rosada y Córdoba se da en un contexto donde al menos otras 13 provincias tienen reclamos similares en la Corte Suprema, por fondos previsionales, de desarrollo u otros aportes nacionales. La convocatoria del máximo tribunal a través de la Secretaría de Juicios Originarios, a cargo de Alejandro Rodríguez, abrió una ventana de diálogo institucional en medio de un fuerte ajuste fiscal.

Fuentes judiciales destacaron que este entendimiento "abre una vía de negociación" para otros distritos que quedaron atrapados en el recorte de fondos dispuesto por el Ejecutivo. Gobernadores del norte y el sur siguen con atención el caso cordobés, que puede sentar un precedente para destrabar deudas previsionales en otros territorios que aún esperan respuestas de Nación.

La próxima audiencia en la Corte está fijada para el 26 de noviembre, donde se espera que ambas partes presenten avances concretos en la conciliación de las auditorías. Solo entonces se podrá discutir la deuda completa, su forma de pago y el cronograma definitivo, con impacto directo en las finanzas provinciales y en el futuro del sistema jubilatorio cordobés.