Concursos, concursos, concursos. Después del fallo de esta semana de la Corte Suprema sobre los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, el eje pasó al Consejo de la Magistratura. Con la declaración de que todos los traslados son provisorios, las conversaciones giraron hacia los concursos que deberían empezar a partir de la decisión suprema.

Bruglia y Bertuzzi mantendrán su lugar en la Cámara Federal hasta que el concurso para ocupar esos dos lugares esté terminado del todo. Es decir hasta que hayan pasado las instancias de examen; entrevista personal; antecedentes académicos y laborales; elaboración de la terna, aprobación en el Consejo, elección del candidato/a por parte del Ejecutivo y el okey del Senado de la Nación. Ese proceso suele durar entre dos y diez años, en los casos más complicados. Esta semana desde el Consejo aclararon que pueden acelerar el trámite y tener listo todo el proceso que les concierne en seis meses.

Cabe resaltar que para que la terna tenga el okey del Consejo se deben alcanzar 9 votos de los 13 consejeros, la llamada mayoría especial. El oficialismo oscila y casi siempre llega a los siete. Para alcanzar el número mágico necesita si o si el okey de algunos opositores. 

La otra gran duda es cuántos concursos son los que tendrá que hacer el Consejo: ¿10? ¿20? ¿38? Todavía no hay acuerdo y probablemente se le pidan algunas certezas a la Corte Suprema. El caso de Germán Castelli permanece aún como incógnita: la Corte difirió su tratamiento y envió el caso a un juzgado contencioso administrativo federal para que falle de acuerdo a los lineamiento que la propia Corte estableció.

Por otra parte, hay cierto consenso de que los traslados que sucedieron antes del reglamento del año 2000 quedarían fuera de discusión: es el caso de María Servini, trasladada al juzgado federal electoral por Carlos Menem en 1990, antes de la reforma constitucional de 1994. 

En ese sentido, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional lanzó este viernes un comunicado donde advirtió sobre la “intranquilidad en magistrados y magistradas que pueden ver afectada la inamovilidad en sus cargos, garantía constitucional que está contemplada en resguardo fundamental de toda la sociedad”. Marcaron que hay “preocupación” de jueces y juezas que “luego de años de ejercer con probidad y convicción moral sus funciones, sienten menoscabada y afectada su investidura por esa mención en el voto mayoritario de tal pronunciamiento, sin que hayan estado comprendidos en el caso a decidir por la sentencia”.

En el escrito, la Asociación le solicitó al Consejo que esté atento a las derivaciones del fallo y que “obre con prudencia”, ya que esto puede constituir “un punto de quiebre en la historia del Poder Judicial de la Nación”.

¿A qué se deben esas palabras? Muchos de los jueces trasladados cumplen funciones hace muchísimos años en ese lugar. Ni hablar de los casos en que los lugares “originales” de esos jueces ya fueron concursados. ¿Adónde tendrían que volver entonces? Es un limbo complejo. Esta semana, comenzarán a evaluarse las diversas opciones mientras se estima que recién el año que viene se comience a trabajar en un nuevo reglamento de traslados, acorde a los lineamientos que dejó la Corte. Provisorio y excepcional, las dos palabras que no pueden faltar.