El ministro de Educación, Nicolás Trotta, denunció al gobierno del expresidente Mauricio Macri ante la Oficina Anticorrupción por la transferencia de recursos estatales por US$ 62.000.000 en el marco del Programa denominado 3000 jardines impulsado en 2016. No solo los jardines no se realizaron en su totalidad, sino que de las pocas obras que se iniciaron en varias provincias, muchas quedaron inconclusas, pero fueron abonadas en su mayoría.

La cartera educativa advirtió que de los 3000 jardines de infantes previstos sólo fueron licitadas 292 obras y, finalmente, se concluyeron 107. Detectaron irregularidades en cuatro licitaciones de un total de 17 para la realización de 93 jardines, ninguno de los cuales fue concluido, y una falta de correspondencia entre las obras y montos erogados por la contratista frente a las sumas millonarias que se les transfirieron.

 

 

“El 34% del total de las obras licitadas en el año 2016 fueron adjudicadas a La UTE BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L – ESCARABAJAL INGENIERÍA S.R.L a pesar de haber recibido un dictamen de la Comisión Evaluadora que indicaba que no tenía la capacidad operativa para absorber las obras”, indicaron desde el Ministerio.

Y agregaron: “Habiendo recibido transferencias por un importe total de U$S 61.920.462 sobre un total de U$S 92.357.315 que abarcaban los cuatro contratos, ninguna de las 93 obras fue finalizada y por el bajo avance de las mismas, tras dos años de plazo, fueron rescindidas 53 de ellas que se encontraban entre un 50% y un 75% de avance, 19 registraban entre un 20% y un 49% de avance y 2 reconocían apenas un avance inferior al 20%. A su vez, se rescindieron 19 obras de mutuo acuerdo cuyo avance de estado promedio era del 11%”.

Por otro lado, la gobierno nacional identificó que la UTE adjudicataria de la construcción de los establecimientos siguió recibiendo transferencias monetarias hasta fines del mes de julio de 2018.

Además de la falta de conclusión del trabajo, detectaron irregularidades como el abandono de las obras, deterioro de lo construido por incidencias climáticas, faltantes producto de vandalismo, cercos perimetrales sin terminar y ausencia de vigilancia y responsables de obra en la mayoría de los casos con “la consecuente pérdida de patrimonio para el Estado”.

También se evidenció una financiación anticipada por parte del Estado nacional equivalente al 30% y acopio de materiales en pie de obra sin tope.

“Cuando asumimos la gestión tomamos conocimiento a través de la SIGEN de presuntas irregularidades en la ejecución de las obras. Nos dimos a la tarea de rastrear y analizar más de 480 expedientes administrativos. Una vez relevada la documentación, verificamos los créditos ante el conocimiento que ambas empresas integrantes de la UTE se habían presentado a concurso de acreedores sin haber informado a la Justicia que el Ministerio era su principal acreedor”, explicó Trotta.