El conflicto entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la intervención de su obra social, OSPRERA, escaló en las últimas horas con una fuerte respuesta del gremio liderado por José Voytenco. Desde UATRE confirmaron que acudirán a la justicia penal para denunciar lo que consideran "falsas acusaciones" promovidas por los interventores, a quienes acusan de actuar con una "clara intencionalidad política" y de poner en riesgo la atención médica de los trabajadores rurales.

Según detalló la conducción sindical, durante los casi 60 días en que la Comisión Directiva designada por el gremio estuvo a cargo de OSPRERA, entre septiembre y octubre del año pasado, se implementaron medidas de saneamiento financiero y mejoras en la gestión. En este período, se renegociaron contratos con proveedores de medicamentos, lo que permitió ahorros de hasta 1.000 millones de pesos mensuales, además de la contratación de auditorías externas para optimizar la provisión de medicación oncológica y de alto costo.

Sin embargo, la intervención ordenada por el Gobierno en octubre de 2024 revirtió estos cambios y generó nuevas disputas dentro del gremio. UATRE denuncia que, en estos tres meses, la conducción designada por la justicia ha tomado decisiones perjudiciales para la estabilidad de la obra social y el acceso a la salud de sus más de 700.000 afiliados.

Entre los principales cuestionamientos, el sindicato destaca la incorporación de casi 60 empleados con sueldos elevados. En este sentido, mencionan como ejemplo al actual interventor, Marcelo Petroni, quien habría percibido un honorario de $1.400.000 por dos días de trabajo. Además, aseguran que en solo tres meses pasaron cinco gerentes de prestaciones, lo que evidencia falta de planificación y desconocimiento del funcionamiento de una obra social.

Los efectos de esta situación, según UATRE, ya impactan directamente en los afiliados. En diciembre, una droguería embargó a la intervención de OSPRERA por más de $4.000.000.000 debido a una deuda no saldada. Además, denuncian que en enero la auditoría profesional de los tratamientos oncológicos y de alto costo fue discontinuada, lo que generó atrasos en la entrega de medicamentos y dificultades económicas para cientos de afiliados.

El secretario general de UATRE, José Voytenco, fue categórico al respecto: "La única solución para OSPRERA y para todos los trabajadores rurales del país es que sea la UATRE, a través de las autoridades que designe, la que administre su obra social". Desde el gremio sostienen que tienen la experiencia, la capacidad y la fortaleza para recuperar OSPRERA y garantizar su correcto funcionamiento.

Este conflicto se enmarca en una serie de denuncias cruzadas entre UATRE y la intervención. Recientemente, los interventores denunciaron a José Voytenco y otros dirigentes gremiales por amenazas y daños a una sede en La Plata, tras una manifestación en la que exigieron el control de la obra social. A su vez, UATRE impugnó judicialmente la designación del interventor, argumentando que su nombramiento fue promovido por un juez que luego fue apartado por incompetencia.

La tensión en OSPRERA no solo genera preocupación dentro del gremio, sino que también impacta en los trabajadores rurales y sus familias, quienes ven en riesgo su cobertura de salud. Mientras UATRE avanza con su estrategia judicial, los afiliados de la obra social siguen esperando una solución que garantice la continuidad de sus tratamientos médicos y prestaciones básicas.