Las 21 detenciones se realizaron luego de 39 allanamientos simultáneos en los que se encontraron pruebas concretas de una logística para hacer punciones en las tuberías y extraer el crudo de petróleo, que la organización luego refinaba en diferentes lugares.

Uno de los implicados es Alberto Torres, concejal de Juntos por el Cambio en el Municipio de Lanús. El Juzgado de Juan Pablo Augé y la Fiscalía Nº 2 de Lomás de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, coincidieron en avanzar con el allanamiento en su casa a partir de una serie de escuchas telefónicas donde hablaba con Gerardo Rodríguez, principal imputado de la investigación. 

Desde la coalición, sorprendidos por la noticia, cuentan que "Torres estaría implicado a través de Rodriguez, que es militante de su propio espacio político en Valentín Alsina", pero desconocen su situación actual. Torres es, además de concejal oficialista en el partido que gobierna Néstor Grindetti, referente del Movimiento Peronista Bonaerense (MOPEBO). 

El concejal de Lanús detenido.
El concejal de Lanús detenido.

Torres aseguró, a través de su cuenta de Twitter, que si bien se realizó un allanamiento en su casa, no se encontraron pruebas que lo incriminen de forma directa. También reconoció que conoce a Rodríguez, con quien "no tuvo ninguna vinculación más allá de la política", y aclaró que el imputado en la causa dejó de militar en las filas de su partido en 2015.

La fiscalía informó además que durante los procedimientos se secuestró una importante cantidad de herramientas utilizadas para la punción de los oleoductos, a través de las cuales los miembros de la organización se apoderaban del petróleo propiedad del Estado Nacional. También incautaron una gran cantidad de dinero en efectivo, aparatos de telefonía celular, computadoras, camiones utilizados para el transporte del material combustible sustraído y automóviles, entre ellos varios de alta gama.

La investigación inició en noviembre de 2019, con el objeto de identificar una planta ubicada en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, dedicada al tratamiento de hidrocarburos. La misma arrojaba residuos a la cuenca Matanza- Riachuelo, en infracción a la ley sobre “Tratamiento de Residuos Peligrosos”. La maniobra ilegal se llevaba a cabo a través de una empresa que utilizaba remitos y facturas apócrifas, utilizadas para distribuir los hidrocarburos en los diferentes destinos. 

A partir de la reconstrucción del delito que realizó la justicia, se observó que los imputados utilizaron tres camiones cisterna y cuatro choferes, y que tenían un circuito que permitía efectuar dos cargas de petróleo a la cisterna por noche. Para esa fase se utilizaban dos camiones. El tercero volvía a descargar el combustible robado en las plantas de refinamiento investigadas.

Las presuntas operaciones se llevaban a cabo durante la tarde-noche y finalizaban cerca de las seis de la mañana, lo cual evitaba a los miembros de la organización ser vistos durante el día. Los imputados habían implementado un mecanismo que les permitían transportar el petróleo crudo directamente desde el oleoducto hacia la cisterna de los camiones.

Los allanamientos se realizaron en Lanús, Pilar, González Catán, Olavarría, Bahía Blanca, Hurlingham, General Rodríguez y Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, y en Neuquén, La Pampa y Santa Fe.