Un socio incómodo: dudas sobre el nuevo Procurador del Tesoro y su vínculo con el juicio por YPF
La designación de Santiago Castro Videla al frente de la Procuración del Tesoro desató sospechas por su relación con Alberto Bianchi, abogado que asesoró al fondo Burford Capital en el millonario litigio contra Argentina por la estatización de YPF.
La llegada de Santiago Castro Videla a la Procuración del Tesoro trajo más preguntas que certezas. Un detalle en su currículum encendió alarmas en el mundo judicial: su vínculo profesional con Alberto Bianchi, un abogado que jugó un papel clave en el juicio por la expropiación de YPF, donde el país enfrenta una sentencia que podría costarle 16.100 millones de dólares.
Bianchi, un reconocido experto en derecho, fue una de las figuras convocadas por Burford Capital, el fondo que compró el litigio del Grupo Petersen y que logró que la Justicia de Estados Unidos fallara contra Argentina. Su testimonio en el juicio fue determinante para fortalecer la postura del fondo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El problema es que Bianchi no actuó solo. En Argentina, forma parte del estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, donde el flamante Procurador del Tesoro era su socio hasta hace apenas unas semanas. Aunque Castro Videla no participó directamente en la causa, el hecho de haber compartido estudio con un abogado que trabajó del otro lado del mostrador genera serias dudas sobre un posible conflicto de intereses.
La historia parece repetirse en la Procuración del Tesoro. Rodolfo Barra, el antecesor de Castro Videla, tuvo que apartarse del caso YPF luego de que se supiera que había emitido una opinión técnica en 2021 sobre la estatización de la petrolera. Su pasado fue uno de los motivos que lo dejó fuera de juego.
En ese contexto, el puesto quedó a cargo de Andrés de la Cruz, número dos de la Procuración, cuya situación tampoco es del todo clara. Antes de asumir el cargo, fue abogado del Grupo Petersen en el estudio Cleary Gottlieb, el mismo que representó a los Eskenazi en Nueva York cuando ingresaron a YPF. Ahora, en un giro inesperado, se encuentra litigando a favor del Estado y en contra de sus antiguos clientes.
De la Cruz llegó a la Procuración de la mano del ministro de Economía, Luis Caputo, y se convirtió en una de las piezas clave del gobierno de Javier Milei.
El juicio por la estatización de YPF sigue siendo un problema para el país. Tras el fallo de la jueza Loretta Preska, que condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares, el Gobierno presentó una apelación. La defensa de la posición argentina quedó en manos de la Procuración del Tesoro, que ahora enfrenta el desafío de demostrar que la expropiación se hizo bajo términos justos y que la condena es excesiva.
Con la salida de Barra, el desembarco de Castro Videla y las sospechas sobre De la Cruz, la pregunta que queda en el aire es si el equipo legal de la Argentina está realmente en condiciones de pelear contra Burford Capital o si los conflictos de intereses jugarán en contra de la estrategia de defensa.
El juicio sigue su curso en los tribunales de Nueva York, donde la Argentina intenta revertir el fallo que la obliga a pagar 16.100 millones de dólares. La próxima instancia es la apelación presentada por el Gobierno, que deberá defenderse ante un hearing donde los jueces evaluarán si la condena fue excesiva o si el país incumplió sus obligaciones en la expropiación de YPF.