Ante el pedido de un informe sobre la situación de la sociedad Vicentin S.A.I.C., el Banco Nación (BNA) ratifica que el quiebre se explica por el nivel endeudamiento en los últimos meses de 2019. Junto a los representantes de los gremios aceiteros, exigen que se remueva al directorio y que se avance con la propuesta del gobierno santafesino: la creación de un fideicomiso que incluya al estado, accionistas, acreedores y a las cooperativas de productores.

“Los integrantes y administradores de Vicentin no pueden formar parte de la solución a la crisis de insolvencia empresaria que la concursada presentó en la actualidad y desde hace más de un año”, dice la presentación que el Banco Nación hizo como miembro del comité provisorio de control ante el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini. 

La presentación está firmada por Eleonora Sartor -apoderada judicial del BNA-, y los representantes de los sindicatos de aceiteros Leandro Monzón, Juan Lemos y Oscar Chaparro. En conjunto, insisten que “se impone sin más demora el desplazamiento inmediato de todos los administradores de la sociedad y la materialización de la intervención promovida por Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe”. 

La presentación hace hincapié en lo sucedido durante julio y diciembre del año pasado: "El 31 de julio de 2019 Vicentín comunicó a los miembros del Consorcio Directivo  que la empresa tenía una base financiera sólida -dice el texto - sin embargo el 5 de diciembre sin avisar a sus acreedores financieros, Vicentin anunció públicamente que estaba bao presión financiera".

Los firmantes aclararon que este informe se realizó en disidencia con los otros tres miembros del comité de control:  dos representantes de bancos internacionales y el restante de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

De esta forma el Banco Nación y los gremios respaldan la iniciativa que ha tomada fuerza en el último tiempo de rescatar la empresa y dejar atrás la expropiación. La iniciativa en pie la promovió el gobernador santafesino Omar Perotti y propone, a través de la IGPJ, intervenir el directorio y conformar un fideicomiso integrado por el Estado y el sector privado.

Días atrás Perotti conversó con Alberto Fernández y coincidieron en avanzar en esta línea, que incluiría en la gestión a Gabriel Delgado, originalmente designado para administrar la intervención. Trascendió de aquella reunión que la familia Vicentin estaría dispuesta a dar un paso al costado.

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Lo curioso de esta postura del Banco Nación consignada en la presentación ante Lorenzini es que uno de sus directores, Claudio Lozano -que encabezó la cruzada contra la gestión de Javier González Fraga (presidente del BNA durante el macrismo)- manifestó su oposición y señaló que esta salida significa “un rescate a un grupo empresario que llevó adelante una estafa fundamental”. “No queda claro cuánto va a poner el Gobierno ni si se va a evitar la extranjerización o el desguace de la empresa. Esto no tiene nada que ver con la promesa inicial", aseguró en declaraciones a radio con vos.

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