En el marco de la causa Vicentin, el fiscal Gerardo Pollicita pidió la inhibición general de bienes para ex funcionarios nacionales y empresarios de la firma, entre quienes destaca Javier González Fraga, ex presidente del Banco Nación durante el macrismo.

Lo que se investiga es la existencia de una posible maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco Nación a favor de Vicentin, que acumuló una deuda  con el banco de 18.500 millones de pesos. Como la empresa está en concurso preventivo, el cobro de ese dinero es incierto.

En el dictamen, el fiscal dice: “Funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes de su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de la entidad bancaria, para lo cual entregaron millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin S.A. y Algodonera Avellaneda S.A., apartándose de la normativa interna que lo regula”.

La inhibición de bienes corre para la plana mayor del Banco Nación durante la gestión Cambiemos: el mencionado González Fraga y los ex directores Lucas Llach, Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce, Carlos Castellani, Guillermo Goldberg, Jorge Lawson, Javier Okseniuk, Marcelo Pose y Ercilia Antonia Nofal. También sobre los directivos Juan José Fragati, Susana Ojeda, Martín González, Maricel Moschini y sobre varias cabezas de la sucursal Reconquista: José Luis Testa, Luis María Restelli, Darío Giaccosa y Néstor Bled.

La misma medida fue instruida para los empresarios de la firma Roberto Vicentin, Osvaldo Boschi, Martín Colombo, Herman Vincentin, Alberto Macua, Máximo Padoan, Daniel Buyatti y Sergio Nardelli. Respecto de ellos, el fiscal escribe: “Las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que los empresarios de la firma Vicentin en connivencia con los funcionarios solicitaron empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran  fondos donde el BNA pudiera hacerlo”.