La justicia argentina ordenó el congelamiento de más de 57 millones de dólares en criptomonedas, en el marco de la causa que investiga el colapso del token digital $LIBRA. La medida, ejecutada a través de la empresa administradora Circle, afectó a dos billeteras virtuales directamente vinculadas al esquema cripto que estalló tras la promoción pública del presidente Javier Milei. La historia, sin embargo, está lejos de cerrarse: detrás de los movimientos financieros bloqueados hay nombres, vínculos y advertencias que empiezan a incomodar al círculo de poder.

Los fondos paralizados fueron detectados en USDC, una moneda estable que replica el valor del dólar, lo que impide que los responsables puedan mover o liquidar esos activos mientras avanza la investigación. El congelamiento fue solicitado por Martín Romeo, uno de los damnificados que perdió sus ahorros tras invertir confiado en el proyecto. La medida se concretó luego de un exhorto judicial enviado a Estados Unidos por el juzgado federal de María Servini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. Si se comprueba el fraude, el dinero podría ser decomisado y repatriado como parte de un eventual resarcimiento.

Las billeteras bloqueadas no son las únicas bajo la lupa. Según pudo reconstruirse, otras carteras digitales estarían en la misma situación en los próximos días, entre ellas una supuestamente administrada por Hayden Davis, el empresario estadounidense que diseñó y lanzó el token. Davis, que en su momento declaró tener 100 millones de dólares producto de la operación, hoy mantiene un perfil bajo. Solo en las primeras horas del escándalo concedió entrevistas breves, luego optó por el silencio. Tampoco volvió a referirse al tema Milei, que había impulsado el activo con un posteo en sus redes personales.

La caída del token dejó a unos 40.000 usuarios con pérdidas considerables, en lo que muchos describen como una clásica maniobra de rug pull: una estafa donde se promueve una criptomoneda, sube su precio y luego sus creadores venden todo y desaparecen. En la causa judicial también figuran como investigados los nombres de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, amigos del mandatario y organizadores del Tech Forum, un evento que se realizó en octubre pasado en un hotel del microcentro porteño. Allí, en plena efervescencia cripto, se intentó dar legitimidad a un negocio que ya tenía objeciones dentro del mismo ecosistema.

Otra figura que aparece mencionada en el expediente es Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores. Se investiga si tuvo un rol en las gestiones o en la validación del proyecto que terminó dejando a miles de ahorristas sin respaldo. De hecho, la jueza pidió información sobre las cuentas bancarias del presidente y de su hermana, Karina Milei, actual secretaria general. También levantó el secreto bursátil para acceder a los movimientos de otros involucrados. En paralelo, los familiares de Novelli vaciaron sus cajas de seguridad bancarias apenas días después del impulso inicial de la moneda, lo que refuerza las sospechas sobre la planificación de la maniobra.

Uno de los testimonios que encendió las alarmas fue el del programador y periodista Maximiliano Firtman, quien declaró que había advertido públicamente sobre los antecedentes dudosos de quienes impulsaban el foro tecnológico donde se presentó $LIBRA. Según relató, fue contactado por Demian Reidel, actual jefe del Consejo de Asesores Presidenciales y hombre de confianza de Milei. “Me llamó para preguntarme por qué decía que eran estafadores”, contó Firtman. También dijo que le envió un informe con documentación ya publicada, y que la respuesta fue amigable pero inquietante: “No te debo un café, te debo un trago”, le dijo Reidel. Finalmente, el evento se realizó igual y el presidente fue uno de los oradores.

En ese foro, Milei evitó hablar del token que había promocionado semanas antes y eligió en cambio lanzar críticas contra el aborto y contra el exministro Ginés González García, mientras los socios de Davis aplaudían desde la primera fila. Firtman señaló que hubo señales claras de que el proyecto no tenía sustento y que muchas de las personas que participaron lo hicieron por la confianza que generaba la figura presidencial. El contrato de compra que difundió Milei en sus redes sigue siendo otro foco de controversia: dijo que era público, pero al momento de la publicación no se conocía por canales oficiales.

Por ahora, la investigación sigue sumando medidas y nuevas presentaciones. La Cámara Federal rechazó el pedido de dos organizaciones para sumarse como querellantes, pero les permitió participar del expediente aportando pruebas. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica ya solicitaron acceso a las actuaciones y se espera que impulsen medidas adicionales. En Comodoro Py, las próximas semanas serán clave para determinar si este caso fue simplemente un fracaso financiero o si se trató de un fraude con aval político.