En un capítulo más de su avanzada negacionista, y en vísperas de la marcha universitaria que se realizará hoy contra los recortes presupuestarios contra las casas de altos estudios, el gobierno del presidente Javier Milei anunció anoche que auditará el pago de las indemnizaciones que reciben las victimas del terrorismo de Estado. Así lo hizo el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona a través de un mensaje publicado anoche en su cuenta de la red social X.

“Desde @jusgobar dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”, señaló Cuneo Libarona en su cuenta de la red social X.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia informó que resolvió “llevar a cabo dicha auditoria debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago", según un comunicado de esa cartera.

Esta revisión se basa en base a las irregularidades detectadas en una única causa, denominada “Martínez Moreira Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, en la que se procesó a un grupo de personas por realizar estafas al Estado, que incluso fue denunciada por la Secretaría de Derechos Humanos, cuando esa dependencia era encabezada por Horacio Pietragalla Corti.        

Además del fallo mencionado, también señalan que existen "otras causas penales en tramite" por irregularidades vinculadas a pagos duplicados o realizados a personas que no contaban con documentación respaldatoria de su reclamo, sin especificar cuáles son esos casos.

La cartera de Justicia adelantó que se articularán medidas “para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan” y se aseguró que el estado reclamará el reintegro de los pagos si se detectan irregularidades.

Las indemnizaciones para víctimas del terrorismo de Estado y la represión ilegal se sustentan en seis leyes nacionales que se sancionaron desde los años ’90 y se aplican en relación a hechos ocurridos hasta el 10 de diciembre de 1983.    

Esta decisión del oficialismo parece ser un eslabón más de una cadena de decisiones que apuntan a menoscabar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se aplicaron en los últimos 20 años.

Los discursos negacionistas de los crímenes del terrorismo de Estado propagados por Milei durante la campaña electoral, y acentuados por la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel --quien mantiene aceitados vínculos con represores detenidos por crímenes de lesa humanidad--, se traducen ahora en acciones concretas por parte de la administración libertaria.

El pasado 24 de marzo, en el día en el cual se conmemoraba un nuevo aniversario del último golpe de Estado perpetrado en Argentina, el Gobierno nacional difundió un video institucional en el cual se ponía en duda la cifra de los 30 mil desaparecidos, se reclama “memoria completa” y se exigía que “los familiares de los otros muertos” (los caídos por el accionar de las organizaciones guerrilleras que actuaron en los años ’70) reciban compensaciones económicas.

Ese registro audiovisual fue protagonizado por Juan Bautista Yofre, exdirector de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem. Su hermano, Ricardo, fue secretario general del gobierno de Jorge Rafael Videla, cuando en Argentina se llevaba a cabo un plan sistemático de desaparición de personas cuya ejecución quedó probada en la Justicia en reiterados fallos y sentencias de causas de lesa humanidad.

Yofre, autor también de varios libros que intentan “revisar” la historia de la violencia política de los años ’70 desde la perspectiva de quienes justifican el accionar de la represión ilegal, estuvo acompañado en ese video por Luis Labraña --quien asegura ser un exmilitante de la organización Montoneros que “inventó” en el exilio la cifra de los 30 mil— y María Fernanda Viola, hija del capitán del Ejército Humberto Viola, asesinado en 1975 en un atentado del ERP ejecutado en Tucumán.

Ese trabajo se difundió mientras cientos de miles de personas marchaban en las calles para conmemorar el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Plaza de Mayo. Tras esa jornada, el Gobierno lanzó una serie de iniciativas que están en relación con su postura negacionista.

A fines de marzo, el Ministerio de Defensa de Defensa, Luis Petri, dispuso el desmantelamiento de los Equipos  anunció el desmantelamiento el desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas, al despedir a diez de los 13 trabajadores que se desempeñaban en ese organismo, clave para aportar datos para las causas de lesa humanidad que se encuentran en curso.

El equipo fue creado en 2010, cuando se dispuso la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas relativos a la última dictadura cívico militar. Desde su creación confeccionaron más 170 informes que fueron aportados a la instrucción de varias causas de lesa humanidad y relevaron más de 17 mil legajos relacionados con el personal militar de las tres armas que estuvieron relacionados con la represión ilegal.

Al respecto, 36 fiscales federales con intervención en procesos de lesa humanidad firmaron la semana pasada un oficio para pedirle al procurador general interino, Eduardo Casal, que interceda ante las autoridades de Defensa para que se evite el desmantelamiento de los ERyA, que aportaron información que permitió la condena de represores en varias causas.

En esa sintonía, la cartera de Seguridad de Patricia Bullrich dejó caer los pedidos de recompensa para quienes aporten datos sobre 21 personas acusados por delitos de lesa humanidad.

En tanto, el la Secretaría de Derechos Humanos se sucedieron varios despidos, entre ellos, los trabajadores que se desempañaban en área de comunicación y tenían a su cargo el diseño y actualización de la página www.juiciosdelesahumanidad.ar, que provenía información sobre los procesos legales sobre esos crímenes y era actualizada diariamente con historia de las causas y testimonios de las víctimas y sus familiares.

Un dato más ilustra esta orientación que el gobierno posee sobre los años ’70 y tiene que ver con el pasado reciente de Cuneo Libarona. Hasta diciembre del año pasado, el entonces afamado abogado ejerció la defensa de Enrique Augusto Barré, acusado en el juicio de lesa humanidad de la causa denominada como “Brigadas”. El expolicía fue el único absuelto entre 11 sentenciados en ese proceso que tuvo veredicto el pasado 26 de marzo.