El ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich ofreció 5 millones de pesos para las personas que aporten datos sobre el paradero de Luis Abel Guzmán, quien se encuentra prófugo, acusado por el asesinato de un peluquero ocurrido en el barrio de Recoleta. Sin embargo, esa cartera dejó caer, a principios de mes, el ofrecimiento de retribuciones económicas para quienes suministren información sobre los 21 represores imputados por delitos de lesa humanidad que son requeridos por la Justicia.    

“El Programa Nacional de Recompensas de este Ministerio, colaboramos con las autoridades de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para localizar a Luis Abel Guzmán, prófugo y asesino de Germán Medina, peluquero que fue asesinado en el barrio porteño de Recoleta”, anunció el Ministerio de Seguridad a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

En el mensaje se publica además una foto del prófugo con una leyenda que consigna el monto de la recompensa, y se recuerda que el pedido se enmarca en la ley 25338. La información puede ser aportada el número 134, de manera anónima.

Guzmán de 43 años, también peluquero de profesión y está acusado de haber asesinado de un disparo a Medina, su compañero, un crimen ocurrido el pasado 20 de marzo en un local de Recoleta.

El sospechoso está domiciliado en la calle Agrelo, en la localidad bonaerense de Merlo, y trabajaba desde hacía al menos siete años en la peluquería junto a la víctima. De acuerdo con registros previsionales, cuenta con una larga trayectoria en el mundo de los salones de belleza, donde trabajó para reconocidos empresarios.

Pero este empeño en dar con el paradero de Guzmán parece estar en contradicción con una decisión que la cartera de Bullrich tomó semanas atrás, cuando dejó caer los pedidos de recompensas sobre 21 sospechosos de haber cometidos delitos de lesa humanidad.

Por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial, Seguridad anunció que habían sido prorrogados los avisos de recompensa para encontrar a 21 prófugos por crímenes perpetrados durante los años del terrorismo de Estado.

Se trataban de avisos tenían un plazo de 12 meses para ser actualizados y no se renovaron cuando vencían, justamente el pasado 24 de Marzo, el día de la conmemoración del día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. En esa jornada,  organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales, políticas y sindicales encabezaron una multitudinaria marcha en Plaza de Mayo para repudiar el 48° aniversario de último golpe de Estado ocurrido en Argentina.

En tanto, el Gobierno nacional difundía un video en el cual volvía a negar la cifra del los 30 mil desaparecidos y se pedía “memoria completa” ante la violencia política que sacudió al país en los años ’70, minimizando el desarrollo de un plan sistemático de desaparición de personas, robo de bebés y represión ilegal ejecutado por la última dictadura militar.

La decisión de dejar caer estos pedidos de recompensas para los represores que están prófugos están en línea con otras acciones del gobierno en materia de derechos humanos y políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

A fines de marzo, el Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri anunció el desmantelamiento el desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas, al despedir a diez de los 13 trabajadores que se desempeñaban en ese organismo, clave para aportar datos para las causas de lesa humanidad que se encuentran en curso.

El equipo fue creado en 2010, cuando se dispuso la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas relativos a la última dictadura cívico militar. Desde su creación confeccionaron más 170 informes que fueron aportados a la instrucción de varias causas de lesa humanidad y relevaron más de 17 mil legajos relacionados con el personal militar de las tres armas que estuvieron relacionados con la represión ilegal.

Al respecto, 36 fiscales federales con intervención en procesos de lesa humanidad   firmaron la semana pasada un oficio para pedirle al procurador general interino, Eduardo Casal, que interceda ante las autoridades de Defensa para que se evite el desmantelamiento de los ERyA, que aportaron información que permitió la condena de represores en varias causas