Con mucho más sigilo y menos ruido que en el caso de Vicentín, el Gobierno anunció esta tarde la estatización de la empresa IMPSA, que tiene capacidad para participar en el desarrollo y producción de centrales hidroeléctricas, nucleares, eólicas y solares y equipamientos para la industria del petróleo y gas, entre otros emprendimientos que requieren de un gran desarrollo tecnológico.

“Falta poco”, dijeron esta semana en el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, cuando se hizo la consulta sobre el avance de las negociaciones. Este viernes finalmente las fuentes admitieron a Data Clave que el anuncio sobre la estatización de la compañía se concretaría durante esta jornada.

Pocos minutos antes de las 16 la novedad fue confirmada oficialmente. "El gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, y el gobierno de la provincia de Mendoza, capitalizaron la empresa IMPSA con un aporte total de u$s20 millones. De esta manera, la compañía recompone su capital de trabajo y se proyecta para posicionarse otra vez como una empresa de vanguardia en desarrollos tecnológicos", se informó en un comunicado.

El anuncio se realizó esta tarde de manera virtual, y estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez; el ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié; el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló; el CEO de IMPSA, Juan Carlos Fernández.

A diferencia de lo que ocurrió con la frustrada estatización de Vicentín, en este caso el gobierno avanzó en forma simultánea en una negociación con la empresa y con la oposición para llevar adelante el proceso de capitalización que le permitirá al Estado hacerse cargo del control de una compañía a la que se considera estratégica.

Las conversaciones se llevaron adelante con el gobierno de la provincia de Mendoza, donde tiene su sede la compañía fundada en 1907 por la familia Pescarmona, que ahora pasará a tener un paquete minoritario de la firma, tras el ingreso del estado nacional y de la provincia cuyana.

La Legislatura de la provincia de Mendoza aprobó a mediados de abril una ley para que la provincia ingresara en la capitalización de la compañía. De esta forma, el gobierno nacional se garantizó el apoyo del gobernador radical Rodolfo Suárez y anuló cualquier crítica por parte de la oposición a la estatización de la compañía.

Un mes antes, en una asamblea general de accionistas, a mediados de marzo, Impsa aprobó la ampliación de capital por el equivalente a U$S 20 millones y la oferta de esos nuevos títulos para que fueran suscriptos por parte del Estado nacional (US$15 millones) y de la provincia de Mendoza (US$5 millones).

Tras la aprobación de la ley en la Legislatura mendocina, la composición accionaria quedará compuesta por el Estado nacional con un 63,7% y el Estado mendocino, un 21,2%. El resto de las acciones quedan en manos de un grupo de bancos y de la familia Pescarmona.

La entrada del Estado en la compañía se originó en un proceso de acumulación de deudas hasta acumular unos mil millones de dólares, tras una serie de fallidos negocios en Brasil y en Venezuela, que hubieran llevado a la empresa a la quiebra.

El Ministerio de Desarrollo Productivo comenzó a asistir a la compañía desde diciembre, cuando aprobó su ingreso al “Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos” (PAEERP), a través del cual pagó el 75% de los salarios de los trabajadores de la empresa.

El objetivo del gobierno es que la empresa ahora estatizada tenga una matriz similar a la del INVAP y que pueda participar en el desarrollo y producción de aerogeneradores o en ampliación de centrales hidroeléctricas como Yaciretá o en otros proyectos que se encuentran en estudio.

Ante una panorama sombrío que los llevaba al cierre de la compañía, que tiene más de 700 empleados y da a trabajo a centenares de pymes en la provincia, fueron los propios accionistas quienes pidieron el auxilio del Estado.

El 30 de abril último se informó que la empresa presentó a través del sistema de Trámite A Distancia (TAD) toda la documentación necesaria ante el Ministerio de Desarrollo Productivo para que el Estado Nacional pudiera capitalizar la compañía.

Luego fue el turno del Comité Asesor del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) que llevó adelante el proceso de evaluación y análisis de la solicitud, como paso previo al dictamen final respecto del pedido de capitalización, que se anunciará esta misma tarde.