El ministro de Economía, Luis Caputo, confía en que esta semana Senadores y Diputados conformen las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Finanzas para presentarle en proyecto de Ley de Blanqueo de Capitales.

Como dijo alguna vez el ahora diputado Miguel Ángel Pichetto, “un blanqueo (de capitales) no se le niega a nadie” que llega al gobierno. El experimentado legislador lo sabe. Solo en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner hubo  dos, cuyo dinero  recaudado se destinó al sector de la construcción. Sin embargo, entre ambos, no llegaron a los US$ 1.000 millones.

Incluso Sergio Massa, cuando era ministro de Economía impulsó un tercero, pero eran épocas electorales y vaya a saber uno por qué alquimia eso afectó su tratamiento.

Claro que el de Massa, en línea con los acuerdos de intercambio de información fiscal firmados con Estados Unidos, colisionaba con el del senador Oscar Parrilli y un grupo de parlamentarios cercanos a la ex vicepresidenta, quienes presentaron un proyecto para la creación del “Fondo Nacional para cancelar la deuda” con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ese proyecto nunca tuvo tratamiento parlamentario debido a que las iniciativas sobre temas impositivos tienen que ingresar por Diputados y allí, la mayoría le era esquiva al oficialismo.

Hasta ahora, la única experiencia exitosa reciente fue la que llevó adelante Mauricio Macri, con Alfonso Prat Gay de ministro de Economía, y Caputo como secretario de Finanzas, que recaudó US$ 90.000 millones, en diciembre del 2016.

Se cree que los argentinos tienen unos US$ 330.000 millones sin declarar, ya sea porque los tiene fuera del país, o “debajo del colchón”, eso que se llama técnicamente “formación de activos externos”.

Caputo se conforma con un tercio de ese total y la semana pasada debió salir a explicar los pormenores del proyecto, debido a las dudas que se generaron por su presentación “a las apuradas” dentro de la Ley Ómnibus.

Hasta ahora se sabe que podrán adherir al régimen del blanqueo los residentes fiscales argentinos al 31 de diciembre (que estén o no inscriptos como contribuyentes ante la AFIP) y los sujetos no residentes por sus bienes ubicados en el país o por las rentas que hubieran obtenido de fuente del territorio.

El plazo para adherir al régimen se extenderá hasta el 30 de noviembre de este año, pero en tres etapas, y no se deberá “aportar documentación o información adicional respecto de la adhesión al régimen”, dice el texto.
Se podrán blanquear la mayoría de los bienes dentro y fuera del país, como la moneda nacional o extranjera, sea en efectivo o depositada en cuentas bancarias o de cualquier otro tipo; inmuebles; acciones, participación en sociedades, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotas partes de fondos y otros similares y criptomonedas, entre otros.

La primera etapa abarca desde el día siguiente a la entrada en vigencia de la respectiva reglamentación dictada por la AFIP hasta el 31 de marzo próximo, en el que se deberá pagar un adelanto de la alícuota del 5%. Luego habrá tiempo hasta el 31 de mayo para regularizar el resto del impuesto.

La segunda etapa abarca desde el 1° de abril al 30 de junio para pagar un adelanto de la alícuota de 10% y habrá tiempo para regularizar el restante antes del 31 de agosto. Finalmente, la tercera etapa será entre julio y septiembre, y la alícuota será del 15%. El pago adelantado previsto deberá ser “no menor al 75% del Impuesto Especial de Regularización”.