Las alertas rojas de Interpol son el mecanismo por el cual un Estado (a través del fallo de un juez) pone en conocimiento a los países que integran la red que está en búsqueda de una persona, ya sea porque cometió un delito o porque está acusado de hacerlo. La polémica sobre su funcionamiento y sus alcances volvió a instalarse luego de lo sucedido con el vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, Mohsen Rezai, presente en la asunción del presidente de Nicaragua.

Entonces, ¿por qué no se activó la detención si efectivamente hay una orden de detención y una alerta roja contra Rezai por estar acusado en el marco de la causa por el atentado a la AMIA?

Tal como lo explica Interpol, la notificación roja es una solicitud a las fuerzas de seguridad de los 195 miembros para que localicen y detengan a una persona. La primera aclaración que debe hacerse es que Interpol no tiene “poder de policía”. Es decir, no es quien “activa” las detenciones sino que eso debe hacerlo la fuerza de seguridad del lugar. En este caso, Nicaragua tendría que haber tomado nota del pedido argentino que hace años rige sobre Rezai. “Una notificación roja no es una orden de detención internacional”, reafirma Interpol incluso en página web.

No es la primera vez que no se detiene a un implicado en la causa: hay un antecedente fresco y se trata de la visita del excanciller iraní Alí Akbar Velayati a Rusia en julio de 2018. En ese momento, el juez Rodolfo Canicoba Corral mandó un exhorto y recordó que tenía pedido de detención, pero no recibió respuesta de ese país.

Una alerta roja contiene la información básica para identificar a una persona (su nombre, datos personales, hasta sus huellas dactilares si es posible) y también la información que el país le dio sobre el motivo por el cual se lo busca. 

Más allá de la red de Interpol, queda evidenciado que las capturas dependen de las relaciones políticas entre los países y de la orden que tengan sus fuerzas de seguridad. No es Interpol quien pueda obligar a las autoridades de Nicaragua, Rusia, Cuba (que también tuvo episodios donde no se activaron las ordenes de detenciones) a apresar a una persona buscada.

En Argentina, por ejemplo, ante la activación de una alerta roja, se enciende también un camino formal jurídico donde se da intervención a un juez y a un fiscal para que se decida sobre el pedido y la posible extradición. En un proceso similar está Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en Uruguay.

En el caso AMIA, tanto las detenciones ordenadas en su momento por el juez Canicoba Corral como las alertas rojas están vigentes. Lo que suele hacerse ante el dato de que un implicado está alguno de los países que integran la red de Interpol es reiterar la vigencia de esa orden, pero queda después en cada país la contestación o no.