En el comienzo de las audiencias públicas para discutir el aumento de las tarifas, el Gobierno anunció este lunes que a partir del 1° de abril comenzará a regir un nuevo esquema para otorgar subsidios.

Fue el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien realizó el anuncio y sostuvo que la "readecuación" de los subsidios apuntará a "su focalización en el sector más vulnerable" de los usuarios.

"La segmentación de subsidios que realizó el Gobierno anterior ha tenido falencias, ya que los usuarios siguen recibiendo subsidios generalizados y, además, existe falta de control de padrón de usuarios", enfatizó el funcionario.

Fuentes del sector dijeron que la tarifa plena la pagarán los consumidores de ingresos más altos y toda la clase media (nivel 3). Se entiende que habrá tres aumentos hasta abril para la quita 100% de subsidios en esos niveles. Los sectores de más bajos ingresos mantendrán subsidios, pero no no se sabe qué porcentaje.

“El nivel 3, que abarca a la clase media, al pasar a pagar la tarifa plena del costo de gas más un aumentos del 100% del VAD (valor agregado de distribución) eso significa una suba final de la boleta del 336% desde abril. Si es que no autorizan más aumentos del  VAD”, explicó una fuente.

La audiencia pública 104, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a través de la resolución 704/2023, cuenta con la participación de expositores en representación de empresas distribuidoras y transportadoras, asociaciones y cámaras sectoriales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes.

El secretario explicó en el comienzo de la audiencia que la "propuesta de cambio" será "determinar los ingresos totales del grupo familiar y fijar una canasta básica energética con tipos de consumo en las distintas zonas del país, para que el subsidio que otorgará el Estado sea diferencial cuando el precio de esa canasta básica supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente".

Para el funcionario, en la actualidad se observa "un agotamiento de un modelo que llegó a su fin y que nos dejó en una situación de vulnerabilidad de los sistemas energéticos".

"Las administraciones anteriores dejaron una situación que se puede resumir así: el sistema energético actual se encuentra altamente desinvertido, desfinanciado, ineficiente, con riesgo de desabastecimiento y con una balanza comercial deficitaria de US$30.000 millones en los últimos diez años", afirmó.

Y añadió que, para revertir esta situación, "entre nuestros objetivos están asegurar el suministro, revertir el balance comercial energético deficitario en el corto plazo, que las tarifas aseguren la sustentabilidad financiera del sector, reasignar los subsidios a los sectores más vulnerables, que el sector privado sea el responsable de la expansión de la infraestructura a su propio riesgo".

Por su parte, el interventor del Enargas, Carlos Casares, sostuvo que si bien existieron adecuaciones transitorias, regladas por un decreto de 2020, "no se ha llegado a un acuerdo definitivo de renegociación. Por lo tanto, se considera finalizada esa etapa".

A su criterio, "en esta nueva gestión se entiende necesario brindar señales claras y precisas para un consumo eficiente y racional para los distintos tipos de usuarios. El objetivo es evitar que la prestación de los servicios de transporte y distribución de gas devengan en la obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras y una profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de redes y su ampliación".

"Dadas estas condiciones, resulta necesario adoptar medidas que permitan asegurar la continuidad de los servicios públicos de gas. Por eso, además de llevar adelante la readecuación tarifaria, es necesario aprobar los ajustes periódicos", resaltó Casares.           

Luego de Rodríguez Chirillo, el representante de la empresa Metrogas, Sebastián Mazzucchelli, solicitó que las tarifas se ajusten todos los meses, en base al índice de precios internos al por mayor nivel general del INDEC.