Nicaragua celebró elecciones generales para elegir nuevas autoridades, con una predecible victoria del presidente Daniel Ortega, quien va por un nuevo mandato en el medio de denuncias sobre allanamientos, detenciones arbitrarias, hostigamiento y restricciones a la prensa.

Ortega, candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional, es el presidente con más años en el poder en la historia del país, y se espera una predecible victoria tras 14 años en el poder. 

La jornada de votación llegó, además, precedida por una campaña tenue, apenas matizada por escasos avisos en los medios y poquísimos actos públicos de los candidatos, en buena medida atendiendo a las disposiciones de las autoridades electorales por la pandemia.

El Consejo Electoral sólo autorizó actos de no más de 200 personas y con un máximo de 90 minutos de duración. De hecho, las principales plazas de Managua estuvieron en las últimas semanas plagadas de adornos navideños y una iluminación especial, y sin carteles, afiches ni pasacalles con las habituales promesas de campaña.

Alfredo Montiel, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN); Mauricio Orúe Vásquez, del Partido Liberal Independiente (PLI); Walter Espinoza, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC); Guillermo Osorno, de Camino Cristiano Nicaragüense; y Gerson Gutiérrez Gasparín, de la Alianza por la República (APRE) también se presentaron para competir en los comicios.

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Sin embargo, Ortega lleva más de la mitad de su vida como líder indiscutible del FSLN, partido del que ya fue único candidato presidencial en 1984, 1990, 1996, 2001, 2006, 2011 y 2016. Desde el 2014, por una decisión del Congreso avalada por la Justicia, no hay límite en el número de mandatos presidenciales.

El sistema electoral prevé una segunda vuelta, evitable si el ganador alcanza el 45% de los votos o un mínimo de 35% y cinco puntos de diferencia con el segundo. 

El proceso electoral se realizó en el medio de cuestionamientos tras la detención de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos ocho precandidatos presidenciales, la prohibición de participar a tres partidos y la cancelación a una veintena de ONG.

La mayoría de las decisiones, de las que el Gobierno se despega atribuyéndoselas a la Justicia, están basadas en una norma inédita para la región: la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, una norma que tiene apenas 224 palabras, dos artículos (el segundo de forma) y que fue votada en solo 24 horas por el Congreso, dominado por el oficialismo.

En algunas de las acusaciones que llevaron a detenciones se agregaron lavado de dinero y falsificación de documentos, y en todos los casos la figura que cae sobre los arrestados es la de "traición a la Patria".

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Los precandidatos detenidos son el ex canciller José Pallais, el politólogo Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro, el ex diplomático Arturo Cruz, el economista Noel Vidaurre, el también periodista Miguel Mora y el dirigente campesino Medardo Maidena.

También fue arrestada la ex modelo Berenice Quezada, quien iba a ser la segunda en la fórmula de Ciudadanos por la Libertad (CxL), que llevaría al frente al ex jefe de la Resistencia Nicaragüense (conocidos como "los contras") Oscar Sobalvarro.

Los comicios fueron cuestionados por el Consejo de Seguridad de la OEA, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y, en el pronunciamiento seguramente más duro, por la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH). En paralelo, México y Argentina expresaron su preocupación por la detención de decenas de opositores.