En 2010, Octavio Romero, integrante de la Prefectura Naval Argentina, solicitó a su superior autorización -en aquel entonces obligatoria- para contraer matrimonio con su pareja, Gabriel Gersbach. 

Pero todos los planes de Romero quedaron truncados para siempre. Fue visto con vida por última vez el 11 de junio de 2011, luego de salir de su casa para encontrarse con amigos. Su pareja denunció la desaparición, pero días más tarde se encontró su cuerpo desnudo y sin vida flotando en la costa del río a la altura de Vicente López.

Según la autopsia, la causa de muerte había sido “asfixia por sumersión, luego de haber quedado inconsciente tras haber sido golpeado y arrojado al agua”. Previamente, la víctima fue objeto de burlas y acoso, incluso sus jefes le habrían solicitado que se casara sin el uniforme oficial.

Gersbach solicitó ser tenido como parte querellante, pero se lo negaron y no pudo tener acceso al expediente. Un año más tarde, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la decisión.

En la causa no se abrieron líneas de investigación que tengan en cuenta que el crimen podría haber sido cometido en razón de la orientación sexual de la víctima, ni la posible participación de integrantes de la Prefectura. Además se demoraron las medidas de prueba y se perdió información valiosa para la causa.

A más de 11 años no se ha individualizado al autor del crimen ni se sabe a ciencia cierta en qué circunstancias ocurrieron los hechos. En este escenario, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Igualdad acompañó a Gersbach ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de que se declarara la responsabilidad del Estado argentino.

Seis años después, la CIDH declaró la admisibilidad del caso, y en 2020 el Gobierno nacional ofreció iniciar un proceso de solución amistosa, lo que se concretará este miércoles. De este modo, Argentina reconocerá su responsabilidad por las irregularidades en la investigación y asumirá el compromiso de prevenir y sancionar los crímenes de odio.