El juez en lo civil y comercial federal Juan Rafael Stinco convocó al Gobierno nacional y a las empresas de medicina prepaga a una audiencia de conciliación para el lunes 27 de mayo a las 10. 

La semana pasada el magistrado había hecho lugar a la medida cautelar presentada por la Superintendencia de Servicios de Salud y había ordenado a las prepagas limitar los aumentos de sus cuotas al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, Stinco había establecido que en el caso de aquellos afiliados que hayan abonado las facturas con los incrementos, la diferencia quede como crédito a favor, y había fijado el plazo de cinco días para que cada prepaga presente un plan de acción para efectivizar la restitución del dinero.

Sin embargo, ahora -además de convocar a las partes- el juez también suspendió “los plazos procesales hasta la fecha fijada precedentemente” para la audiencia. Es decir, que quedan suspendidos los plazos que tenían las prepagas para presentar el plan de pagos del dinero cobrado a los afiliados de manera excedente.

El tema será abordado en la audiencia. El pedido de este encuentro fue hecho por varias empresas que también objetaron la decisión de tener que devolver el dinero. 

“Atento a las múltiples peticiones formuladas y las razones esgrimidas, dentro del marco de la ejecución de la medida cautelar dictada con fecha 03.05.2024 y el efecto propio de su apelación (art. 198 del CPCCN), convóquese a las partes a la audiencia que se fija en los términos del art. 36 del CPCC para el día 27 de mayo de corriente año, a las 10:00 horas”, resolvió el juez en un breve oficio enviado a las partes. 

El mes pasado el Gobierno nacional inició una “guerra” contra las prepagas ante una posible “cartelización”. La Secretaria de Industria y Comercio dictó una medida preventiva que ordenaba a las empresas de medicina privada a “reajustar las cuotas de sus planes de salud según la variación mensual” de la inflación. Además, realizó la denuncia en la justicia civil y comercial federal  y solicitó que devuelvan la plata a los afiliados. Las empresas sostienen que todos sus aumentos estaba autorizados por lo establecido en el decreto de necesidad y urgencia que dictó Javier Milei en diciembre del 2023.