Este lunes se presentó en Rosario el Código Procesal Penal Federal (CPPF) que entró en vigencia en esa ciudad de Santa Fe, y por el cual las investigaciones de los delitos graves como el tráfico de drogas, lavado de activos, secuestro y corrupción política quedan a cargo de los fiscales.

El nuevo sistema acusatorio fue oficializado en un acto en la Facultad de Derechos de la Universidad de Rosario. El presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, recordó que hace dos años, en el Encuentro Nacional de la Justicia Federal, celebrado allí, “ante al problema del crimen organizado, haciendo foco en Rosario y su zona de influencia, dijimos que la indiferencia no era neutralidad sino que era complicidad y que nosotros queríamos saber de qué lado estaba cada uno”. 

“Era mucho lo que había por hacer, pero teníamos claro que una de las herramientas a llevar adelante para mejorar el estado de cosas era la aplicación del sistema acusatorio, que estaba jurídicamente vigente, pero no se aplicaba en la práctica”, agregó en esta línea.

Además, precisó: “Todos entendimos que si no le ponemos un punto de partida esto podía dilatarse como tantas veces las cosas se dilatan en la Argentina. Y hoy estamos aquí con el proceso en marcha”.  

Respecto a la entrada en vigencia del acusatorio, Rosatti señaló: “Desde el punto de vista del sistema judicial estamos mucho mejor preparados que hace unos pocos meses”. 

Con respecto a las vacantes en la justicia federal, el presidente de la Corte indicó: “Desde el Consejo de la Magistratura estamos llevando adelante los concursos también al menor tiempo posible, para que podamos cubrir esos cargos que son tan necesarios”. 

También destacó el mérito del Gobierno Nacional en la implementación porque “tomó un tema que estaba demorado, retrasado, y lo llevó adelante”. 

Del encuentro participaron, además de Rosatti, el procurador General de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal; la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky.

Estuvieron presentes Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, gobernador y vicegobernadora de Santa Fe, respectivamente; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el exministro de Justicia Germán Garavano, y los integrantes del Consejo de la Magistratura Agustina Díaz Cordero, Roxana Reyes, Alejandra Provítola, Jimena de la Torre, Miguel Piedecasas y Diego Barroetaveña, entre más de 150 invitados.

Con expectativas judiciales y políticas, se lanzó el sistema acusatorio en Rosario

La jurisdicción Rosario abarca también las de Santa Fe, San Nicolás de los Arroyos, Rafaela y Venado Tuerto.

De esta forma, los gobiernos de Nación y la provincia impulsan un método judicial que permita lograr avances en las investigaciones sobre las organizaciones criminales complejas, en una ciudad sacudida desde hace años por la violencia narco.  

Este código establece que las investigaciones de los delitos estarán a cargo de las fiscalías y comenzó a tener vigencia en el distrito judicial de Rosario desde las 0.00 horas de este lunes.   

De esta forma, se reemplazará al actual “sistema mixto”, reglamentado por el vigente Código Procesal Penal de la Nación o CPPN, según el cual los jueces federales alternan su rol de garantizar el respeto del debido proceso penal y juzgar sobre la situación procesal y responsabilidad del imputado.

Con sus resabios inquisitivos, ese sistema es el que rige actualmente a nivel federal en la mayor parte del país y, también, para los casos que tramitan ante la justicia nacional.

El distrito Rosario se suma al distrito Salta (que incluye a las provincias de Salta y Jujuy), donde este sistema se aplicó inicialmente a nivel federal hace casi cinco años, a partir de junio de 2019.

Bajo este sistema, la fiscalía y la defensa presentan sus argumentos ante una imputación y los jueces supervisan el desarrollo del proceso y toman resoluciones, en cumplimiento de las leyes y las garantías constitucionales. Además, los magistrados decidirán las medidas invasivas como los allanamientos, la interceptación de teléfonos, las detenciones y las prisiones preventivas.

Todo el proceso tramita esencialmente con audiencias orales y públicas, en las cuales se concentra la mayor actividad procesal posible.

El sistema establece que las causas se dividen en tres etapas: la investigación preliminar, intermedia y de juicio, y todo el proceso no puede extenderse por más de 36 meses.

La investigación preliminar tiene entonces una duración máxima de un año, con la posibilidad de habilitar seis meses de prórroga. La etapa intermedia tiene una extensión de 30 días y el juicio oral no puede durar más de cinco meses.

No obstante, para los casos de mayor complejidad, como el narcotráfico o la trata de personas, el CPPF contempla la posibilidad de extender cada uno de estos plazos y el proceso podría extenderse hasta los seis años.

Además, el CPPF promueve la celebración de acuerdos de colaboración entre el MPF y los imputados, y el uso de técnicas especiales en la investigación, como el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada.