El Frente de Todos pidió iniciarle juicio político a Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia por obstruir "el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales".

La diputada nacional por la coalición oficialista, Vanesa Siley, que además es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, sostuvo que lo hacen "ampliando los fundamentos de los pedidos del año 2017".

En la misma línea, además de sostener que "obstruye" en el avance de determinadas causas, argumenta que "sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas".

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Vanesa Siley on Twitter

A su vez, lo responsabilizó de "cajonear la causa ‘Blaquier’ para evitar que la Corte confirme el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad". También indicó que "tiene esa causa en su vocalía desde que asumió. Mientras sus familiares integran la misma fundación que los Blaquier".

Fuentes del Gobierno le manifestaron a Data Clave que el pedido corresponde a una iniciativa de la legisladora, que retoma el sentido de anteriores presentaciones. "Los diputados presentan habitualmente este tipo de proyectos de pedidos de juicio político y lo hacen a título individual", mencionaron en off.

En un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados con 227 páginas y una buena cantidad de argumentos, resuelven "promover Juicio Político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional".

"La reciente convocatoria a la comisión Interpoderes, a la que se negó desde que es Presidente (incluso ante 7 pedidos de los organismos de DDHH), es una victoria de la democracia y de nuestras Madres y Abuelas. No de la impunidad de los responsables del Terrorismo de Estado", concluyó la funcionaria.

Por su parte, desde el Gobierno niegan que este proyecto sea “en represalia” a lo resuelto en la última semana por el superior Tribunal.