Favores judiciales. Enriquecimiento ilícito. Coimas. Todo eso forma parte del voluminoso expediente que tiene como investigado a un juez de los más relevantes de Mendoza. La situación de Walter Bento, titular del Juzgado Federal Nº1 de esa provincia desde septiembre de 2006 no solo depende del avance de la causa judicial sino también del rol que tome el Consejo de la Magistratura.

“Jefe de una asociación ilícita, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, diez hechos de cohecho pasivo, y como coautor de lavado de activos de origen delictivo”, son los delitos que le imputan en el marco de una investigación que comenzó en tiempos pandémicos y que luego, tras una pista en un celular, terminó en un entramado de contactos que incluían hasta a la familia del propio juez. Sus hijos y su esposa están involucrados en el expediente.

Bento está acusado de liderar la organización que tenía como principal objetivo beneficiar a personas imputadas por graves delitos federales en procesos penales que se llevaban adelante en su juzgado. A cambio de otorgar la libertad o la desvinculación en un expediente, el juez recibía distintas sumas de dinero. Justamente de esa imputación, se desprende la investigación económica: el posible lavado de activos con la finalidad de ingresar ese dinero obtenido de forma espurio al mercado legal sin levantar sospechas.

De acuerdo a la investigación, se realizó un análisis del patrimonio familiar a partir de 2010, cuando se registró una evolución “importante”. Allí se registraron numerosas operaciones vinculadas a compra de inmuebles, automotores, participaciones en fideicomisos inmobiliarios y muchos viajes al exterior. Los números no cierran: los ingresos que registraba el núcleo de la familia Bento no alcanzaban para sustentar ese estilo de vida y de gastos.

Bento jugó fuerte en el expediente e intentó apartar tanto al juez Eduardo Puigdéngolas como al fiscal Dante Vega. No lo logró. Su estrategia de no apelar el procesamiento que le dictaron no lo libró de que la Cámara de Apelaciones de Mendoza lo mencionara con nombre y apellido cuando confirmó el rumbo de la causa. 

“El magistrado instructor sitúa como líder de dicha asociación ilícita a Walter Ricardo Bento (cuyo procesamiento a la fecha adquirió firmeza, al desistir voluntariamente del recurso de apelación que oportunamente interpusiera ante la anterior instancia), quien resulta ser Titular del Juzgado Federal Nro. 1 de esta ciudad. Este último habría operado con la asistencia de dos abogados de la matrícula ­Luciano Edgardo Ortego y Jaime Andrés Alba­ y el fallecido Diego Aliaga; para llevar adelante un mecanismo delictivo mediante el cual se ofrecían beneficios procesales por el pago de dádivas”, se explicó en el fallo que firmaron los jueces Manuel Alberto Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Alfredo Manuel Porras. En las resoluciones, Bento es identificado como “el gran jefe”, “el número uno” y “el gran gran”­, tal como lo trataban el resto de los imputados en la causa cuando hablaban de él.

Mientras la causa se prepara a fuego lento para llegar lo más robustecida posible a juicio oral, en el Consejo de la Magistratura se juega otro partido: ¿se puede destituir a Bento con lo que hay? 

Dentro del organismo no hay dudas de que el juez será estrella del segundo semestre: ningún bloque está particularmente interesado en “proteger” al juez como se filtró. Cabe recordar que la primera medida que se firmó durante la presidencia de Horacio Rosatti (y de forma unánime) fue la exclusión de Bento como integrante del concurso donde se busca reemplazar a Liliana Catucci en la Cámara Federal de Casación Penal.

En los papeles solo queda pendiente una medida que el magistrado pidió. Se trata de un peritaje contable, que a lo lejos parece conformar más una estrategia dilatoria que una prueba que pueda desvincularlo de la investigación administrativa.