La agenda productiva del oficialismo en Diputados se cerró en la última sesión con el proyecto de incentivos a la industria automotriz y la prórroga a la promoción de la biotecnología y la nanotecnología. Ambos ahora esperan la sanción definitiva en el Senado.

Pero hay un proyecto que tenía dictamen de comisión en la Cámara baja y no pudo llegar a esa sesión del 5 de julio y que era número puesto en el temario para muchos. Se trata del proyecto enviado a fines de 2021 desde el Ministerio de Desarrollo Productivo del Compre Argentino. Una iniciativa destinada a modificar parámetros de una ley similar votada durante el gobierno de Cambiemos. 

La propuesta que hizo el Frente de Todos para cambiar la ley sancionada en la gestión de Mauricio Macri contempla la posibilidad de elegir como proveedora a una empresa nacional a pesar de que sus precios se exceda hasta un determinado tope a las propuestas que puedan hacer compañías extranjeras.

A través de su implementación, el Gobierno estima que podría ahorrar US$ 500 millones por priorizar la compra de productos nacionales. Uno de los puntos centrales es que se elevan las preferencias de presupuestos propuestos por las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) nacionales de un 15% a un 20%, en tanto que las demás pasan del 8% al 15%.

Las empresas extranjeras podrán ser beneficiadas con hasta un 12% de preferencia si están integradas por capitales nacionales, mientras que también habrá un 3% de beneficio para las compañías con composición mayoritaria de mujeres, ya sea en capital social, puestos jerárquicos y plantel general.

En el eje de la negociación está el margen de preferencia para las Pymes. En el interbloque Federal entienden que el aumento para las pymes es inferior porcentualmente que para las grandes empresas. Mientras el primero el saldo del 5% significa un 33%, en el rango de las grandes empresas es un 7% que representa un salto del 90% de lo que ya tenían. El interbloque Federal negocia aumentar hasta un 22% el margen de preferencia para pequeñas empresas y pone esa condición para apoyar.

El otro punto que quiere poner sobre la mesa el interbloque federal es el del cobro para las empresas. Lo que proponen es agregar a modo de artículo una cláusula para que el sistema sea a través de factura electrónica para evitar demoras. El encargado de llevar adelante las negociaciones es el cordobés Ignacio Garcia Aresca (Córdoba Federal), hombre del peronismo schiarettista. Tiene silla en la comisión de Presupuesto y Hacienda, a pesar de que no estuvo al momento del dictamen, sigue las conversaciones con un oficialismo que ya se mostró abierto a modificar el proyecto.

Juntos por el Cambio llamó a esta ley “la del compre caro” porque considera que esto podría hacer gastar más en pesos al Estado nacional en la búsqueda de ahorro de dólares. En la coalición opositora no alcanzó que el oficialismo haya quitado del proyecto original la presencia del PAMI dentro de los organismos autorizados para mantener estos márgenes de preferencia. La defensa cerrada incluye también una reivindicación a la ley sancionada en 2018 que para la oposición es “equilibrada” y ha demostrado funcionamiento.