“No voy a permitir la interrupción del servicio de justicia”, dijo hoy en el plenario del Consejo de la Magistratura el flamante presidente del organismo, el juez Alberto Lugones. Tras una votación que surgió del consenso, el camarista federal se prepara para dos meses que serán álgidos y un futuro que no se sabe cuándo se concretará.

En su discurso, reiteró las críticas al fallo de la Corte que pone en jaque el funcionamiento del Consejo. En diciembre del año pasado, el Máximo Tribunal ordenó que antes del 16 de abril se debía volver a la conformación de 20 integrantes como lo eran en 2006 y al considerar inconstitucional la conformación actual de 13 miembros. Ese deadline es lo que complicó cualquier plan, pues no venía solo sino con la decisión de que si no se llegaba a la nueva conformación, todos los actos a partir del 16 de abril serían nulos.

Hay dos situaciones que están parcialmente resueltas: la primera es la elección para definir quién será la jueza que se sume, puesto que las tres candidatas ya están resueltas y el 7 de abril se votará. Del lado de los académicos y universidades ya comunicaron que probablemente tendrán el nombre de quien debe integrarse al Consejo a fines de marzo. El problema está en las elecciones de las abogadas y en los/as dos representantes que debe mandar el Congreso.

Tal como había contado Data Clave, no hay tregua aún entre el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Mientras que la FACA asegura que habrá elecciones el 5 de abril, el Colegio sostiene que no llega con los tiempos y ya hasta sugirió que podría hacerla a fines de abril, cuando está fijada la elección para determinar a los y las abogadas que ingresarán para el período de cuatro años que comenzará a fines de este 2022.

Si bien la semana que viene se continuará negociando, el fantasma de la judicialización del conflicto ronda la situación, lo que retrasaría aún más esa elección. A eso se le suma el desconcierto total por los y las representantes del Congreso: Diputados y Senadores deben mandar también a sus elegidos/as, en pleno conflicto por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Ya en enero, un consejero le había comentado a Data Clave que veía muy difícil que se cumpliera el plazo y hasta deslizaba la teoría de pedirle a la Corte algo más de tiempo, ante la posible paralización de actividades. Esa idea, confirman ahora, quedó descartada por el momento. Dentro del Congreso están también las iniciativas que oficialismo y oposición (y algunos actores externos también) presentaron para modificar de manera definitiva y de acuerdo a los lineamientos del fallo la composición del Consejo. 

Ninguno de los proyectos cuenta con el consenso necesario para avanzar: en lo único que hay acuerdo es en la paridad de género. La oposición quiere a la Corte dentro del Consejo y el oficialismo no, bajo el argumento de que la Constitución de 1994 creó el organismo con la idea de hacerle un “contrapeso” al poder que se manejaba desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Entre los consejeros cercanos al oficialismo se intentará avanzar hasta el último día en conseguir la conformación de 20, a pesar de que esto signifique la llegada de Horacio Rosatti a la presidencia de la Corte. “No sabemos siquiera cuánto tiempo tendremos esa situación provisoria, porque el Congreso no avanzó en el tratamiento durante extraordinarias”, detalla un asesor. Tampoco se juegan a definir si la Corte se quedará para siempre dentro del Consejo. 

“Vamos camino a la inactividad”, sostienen desde la oposición, entre resignados y atentos por ciertos movimientos en concursos relevantes. Más allá de que hoy se llevaron adelante entrevistas para juzgados federales y para la estratégica Cámara Federal, saben que el oficialismo no tiene los números para avanzar en la aprobación de ninguna terna. En un contexto de hostilidades generales, es muy poco probable que haya acuerdos para vacantes sensibles.