Juicio político a la Corte: avanzan con formulación de cargos contra los jueces y su citación
Comienza este miércoles la acusación contra los integrantes del máximo tribunal por las causales de los fallos del 2x1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
El oficialismo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comienza este miércoles con la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por las causales de los fallos del 2x1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires, tras considerar que la etapa de investigación por mal desempeño contra los magistrados ya está concluida.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos, FdT), convocó para las 15 a los diputados y diputadas que integran ese cuerpo parlamentario para poner a disposición de los legisladores ese informe con las principales causales del juicio político a los miembros de la Corte Suprema.
Asimismo, la comisión convocó a esa reunión a nuevos invitados para continuar con la hipótesis de "abuso de poder" centrado en Carlos Rosenkrantz, con la presencia de testigos solicitados por la Coalición Cívica (CC), que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.
Los testigos serán Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, y Gustavo Francisco Tita y Adrián Walter Miretti.
Tras aprobar el informe en la comisión -donde el oficialismo tiene mayoría- se dará traslado a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que tengan la posibilidad de hacer su descargo, si así lo decidieran.
La necesidad de avanzar en la elaboración del informe fue planteada la semana pasada por el diputado oficialista Rodolfo Tailhade, tras lo cual el FdT lo puso a votación en la última reunión, donde logró imponer su mayoría para avanzar en la elaboración de esos cargos por las causales que el cuerpo parlamentario investiga desde el pasado 26 de enero.
También está la acusación por manejo supuestamente irregular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
Sobre el tema de connivencia entre la Corte Suprema y el Gobierno porteño, el oficialismo dice que esa situación se comprueba con los chats filtrados entre el Director General de la vocalía de Rosatti, Silvio Robles, y el exministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta Marcelo D'Alessandro, realizados el 9 de noviembre de 2022, y el fallo que al mes siguiente, el 21 de diciembre, dictamina la medida cautelar a favor de la Ciudad.
De esta manera, en la reunión de esta tarde los diputados expondrán los cargos contra los magistrados y se les correrá traslado para que puedan hacer su descargo, aunque podrían no utilizar ese mecanismo. En el caso de Maqueda y la obra social de los judiciales, el ministro de la Corte, si bien había sido citado, no respondió ni hizo uso de la posibilidad de descargo.
Hasta el momento y en las más de 23 reuniones que se desarrollaron, la Comisión analizó la mayoría de los expedientes sobre los pedidos de juicio político contra la Corte, con lo cual quedaría en condiciones de pasar a la firma del dictamen de acusación, que luego deberá ser aprobado en el recinto con dos tercios de los presentes.
El proceso se inició el 26 de enero pasado a partir de una decisión del oficialismo que luego se plasmó puntualmente en un pedido impulsado por el propio presidente Alberto Fernández junto a un grupo de funcionarios, gobernadores y legisladores del FdT, al considerar que existen "sobrados elementos como para avanzar" en ese proceso.
En el pedido de juicio político, el Presidente y los gobernadores advirtieron sobre el riesgo de que haya un "Gobierno de los jueces" y acusaron a los integrantes de la Corte de "invadir arbitrariamente las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes" del Estado, afectando "seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional".
Por todas estas causales, el oficialismo, con la oposición en contra en cada una de las audiencias y los más de 50 testigos citados, avanza ahora en pulir la elaboración de ese informe que los diputados podrán analizar antes de emitir un documento definitivo, para ser puesto en consideración en el recinto.