El gobierno de La Rioja anunció este lunes que no podrá pagar US$ 26 millones de vencimientos que afrontaba por un título en moneda extranjera y que, por ese motivo, abrirá una ronda de “consultas con los tenedores de los Bonos con el objetivo de llegar a un acuerdo amigable y consensuado con ellos en el menor tiempo posible”.

“La Provincia se encuentra analizando y evaluando la mejor forma de abordar el manejo de sus compromisos financieros”, dijo el gobierno de Ricardo Quintela a través de una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores.

Según Quintela, La Rioja “enfrenta desafíos económicos sin precedentes. La contracción de la economía Argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio han tenido un efecto directo en la economía de la Provincia, resultando en un grave descenso en la recaudación fiscal a nivel provincial”, planteó.

La Rioja no pudo pagar US$ 26 millones y buscará un acuerdo con sus acreedores

Depende del resultado de las conversaciones preliminares con los inversores “la Provincia realizará sus mejores esfuerzos para abonar en el menor tiempo posible el monto de intereses adeudados al 24 de febrero de 2024″, señaló un comunicado firmado por el ministro de hacienda riojano Jorge Quintero.

La Rioja enfrenta vencimientos por poco más de US$ 26,2 millones, de un bono en dólares que había emitido en 2017, cuando el país todavía tenía abiertos los mercados de deuda internacionales.

Ese bono ya había sido “reestructurado” en el 2021, a la salida de la pandemia, poco después de que el Gobierno Nacional de Alberto Fernández refinanciara la deuda con los acreedores privados.

El pasado viernes debería haber pagado una primera cuota de capital y hoy anunció la renegociación de ese pago y los siguientes.

A mediados de enero, el gobernador Quintela impulso la creación del Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE), una cuasimoneda provincial que lleva la denominación de “El Chacho” en honor al caudillo Ángel Vicente Peñaloza, por $ 15.000 millones “con el objetivo de cubrir una parte del salario de los trabajadores de la administración pública”.