La conducción del gremio de la Unión Tranviarios Automotor que encabeza Roberto Fernández llamó a un cuarto intermedio hasta este miércoles para resolver si convoca a un paro de actividades en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio del conflicto salarial que la organización sindical mantiene con las cámaras empresarias y la Secretaría de Transporte.

La decisión del sindicato que nuclea a los choferes de colectivos se debe a la intervención que ayer realizó la secretaría de Trabajo en el diferendo paritario y la convocatoria a una nueva audiencia entre las partes.       

Ayer, el gremio había advertido que estaba dispuesto a parar el servicio de colectivos en el AMBA si no se cumplía en acuerdo paritario acordado con las empresas el 2 de febrero y homologado el 19 de ese mes.

En función de ese entendimiento, la UTA reclama el pago un salario básico de más de 987 mil pesos, pero desde las empresas argumentaron que podían cubrir los haberes hasta los 737 mil pesos.

Los empresarios sostuvieron que la diferencia debía ser cubierta con los subsidios aportados por la Secretaría de Transporte, que se desentendió del conflicto al afirmar que no había participado en las negociaciones.

“Si aparece la plata de la diferencia, nosotros trabajamos normalmente”, señaló Fernández en una reunión mantenida ayer con empresarios en la Secretaría de Trabajo con el propósito de destrabar el conflicto, según confiaron fuentes gremiales.        

La organización sindical ratificó el estado de alerta en reclamo del cumplimiento del acuerdo paritario firmado con las empresas de la actividad, y suspendió el paro en todos los servicios del AMBA, previsto desde esta tarde, lo que hubiese afectado el traslado de millones de pasajeros. 

"Ante la intervención de la Secretaría de Trabajo, que convocó a nueva audiencia para las 13 de este miércoles, y a fin de mantener la paz social y no paralizar un servicio de gran relevancia para millones de usuarios que se transportan de forma diaria, la UTA suspende la medida pero determina ese día como plazo final para cumplir el acuerdo salarial homologado por la autoridad de aplicación", afirmó.

El gremio había explicado que declaró el alerta ante "las manifestaciones de los representantes empresarios, que aseguraban el incumplimiento del acta-acuerdo firmada por las partes, y denunció que las patronales fundamentaron la decisión en "la carencia de fondos para afrontar el pago por decisiones técnicas de la Secretaría de Transporte”. 

El gremio explicó que el estado de alerta se debe a “las manifestaciones vertidas por los representantes del sector empresario justifican el incumplimiento alegando no contar con fondos suficientes para ello por decisiones técnicas de la Secretaría de Transporte”. 

En un comunicado, las empresas solicitaron “a la autoridad de aplicación” --la Secretaría de Transporte-- que “proceda de manera inmediata a corregir los cálculos que determinar los niveles de ingresos necesarios para operar”.

“El sector carece de herramientas para resolver esta situación ya que no ha elegido el actual régimen de subsidios que obliga a cobrar una de las tarifas más bajas de Argentina, a cambio de subsidios objetivamente mal calculados como se ha demostrado en diversas ocasiones”, fundamentaron desde las cámara patronal.