El Gobierno nacional oficializó este lunes el pedido de juicio político para los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials por el viaje a Lago Escondido, a través de su representante en el Consejo de la Magistratura de la Nación Gerónimo Ustarroz.

El consejero presentó por Mesa de Entradas el escrito donde consideró “necesario que se dé curso a una investigación en el seno de este Cuerpo ya que, de resultar comprobadas, las conductas descriptas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones”.

El funcionario sostuvo que “una sociedad mandante comprende que el magistrado no sólo debe preocuparse por ‘ser’ según la dignidad propia del poder conferido, sino también por ‘parecer’, de manera de no suscitar legítimas dudas acerca del modo en el que cumple el servicio judicial”, por lo que "el comportamiento del juez deberá primar una mirada social que anteponga el interés colectivo y común al particular o individual, como también un evidente e irreprochable sentido de independencia e imparcialidad en todo aquello en lo que por su función deba intervenir”.

“Si bien no compete a este Consejo analizar si los hechos denunciados podrían constituir delito -lo que será analizado en sede penal- la responsabilidad política por la cual se interpela a los magistrados denunciados tiene como principal objetivo determinar si mantienen, o no, las condiciones exigibles a todo juez de la Nación, para continuar ejerciendo sus cargos”, agregó el documento.

Para Ustarroz “pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño porque perjudiquen al servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, en cuyo caso bastan para promover el enjuiciamiento”.

Más allá de la presentación, el Consejo atraviesa un momento complejo, debido a que solo 12 de sus integrantes están en funciones. Los otros ochos, representantes del estamento político, quedaron envueltos en una polémica. Si bien administrativamente su funcionamiento es el habitual e incluso se le comunicó a los y las aspirantes a concursos la actualización en materia de género como requisito para ser evaluados/as, no hay plenarios ni definiciones en comisiones.

La guerra entre el oficialismo, la oposición y la Corte Suprema llevó a que no estén designados aún los y las representantes del Congreso de la Nación. En Diputados, porque la presidenta Cecilia Moreau retiró el pliego de los cuatro candidatos. En el Senado, porque la situación de Martín Doñate está nuevamente judicializada por el PRO.

De esta forma, a pesar de lo presentado, al no estar totalmente conformado el Consejo, las posibilidades de avanzar de manera rápida contra los jueces como pretenden el Gobierno son prácticamente nulas.