Por no investigar narcos y por "apropiarse" casos: quienes son los dos jueces investigados por el Consejo
Se trata de los magistrados Marcelo Bailaque, de Rosario, acusado de negarse a investigar al jefe narco Esteban Alvarado, y de Federico Villena, de Lomas de Zamora, señalado por realizar maniobras para intervenir en expedientes.
El Consejo de la Magistratura dispuso ayer por la tarde abrir sumarios para investigar la conducta de dos jueces federales por irregularidades cometidas en la instrucción de causas. Se trata del magistrado de Rosario, Marcelo Bailaque, acusado de haber “negado medidas” procesales para profundizar la investigación que se seguía en 2013 al jefe narco Esteban Alvarado, cuando emergía como una figura preponderante del crimen organizado de esa ciudad, y de su colega de Lomas de Zamora, Federico Villena, señalado “por arrogarse competencias que no le corresponden” en la gestión de expedientes.
El órgano que realiza los concursos para seleccionar jueces federales del país dispuso investigar a Bailaque por una denuncia que presentaron los fiscales rosarinos Luis Schiappa Pietra, Matías Edery y María Eugenia Iribarren. Los funcionarios judiciales acusan al magistrado por omitir pedidos de producción de prueba contra Alvarado, hace más de una década, cuando se consolidaba como un actor relevante del narcotráfico en Rosario.
La causa contra Bailaque se basa en la declaración de Emilio Lencina, cuando se desempeñaba como comisario general de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el juicio que se le siguió a Alvarado hace dos años y que concluyó con una condena para jefe narco por homicidios, extorsiones y lavado de activos.
Lencina reveló entonces que Bailaque se negó reiteradamente a intervenir teléfonos de tres personas involucradas en narcotráfico.
El magistrado lo hizo un año después de la evidencia que así se lo recomendaba. El exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, también acusó a Bailaque de incumplir sus obligaciones procesales en las causas que se instruían sobre Alvarado.
El caso de Villena se basa en un requerimiento presentado por la fiscal Cecilia Incardona, quien advirtió ante instancias superiores que la PSA había iniciado cuatro sumarios iniciados como “actuaciones de prevención” por parte de Villena a los jefes de turno de esa fuerza en Ezeiza.
Fuentes del Consejo de la Magistratura indicaron que la fiscal consideró que esa conducta del magistrado constituye “un acto de gravedad institucional puesto que el magistrado impartió una orden genérica a una fuerza de seguridad, lo cual está fuera de sus funciones”.
Además, como magistrado le impuso “al personal de la PSA obrar al margen de la ley, omitiendo de ese modo la intervención del Ministerio Público Fiscal y la correcta participación en el proceso penal de la víctima”.
Por su parte, el Fiscal Federal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)—advirtió, por parte del magistrado “maniobras procesales destinadas a arrogarse la competencia que no le corresponde, o bien mantenerse al frente de la instrucción, en clara afectación al debido proceso legal y el ejercicio de la acción penal por parte de los fiscales federales”.
Los expedientes donde ello tendría lugar son seguidos contra la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner y el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralden, entre otros, según indicaron fuentes del Consejo de la Magistratura.