Este jueves el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que a partir del próximo lunes comenzará a regir el nuevo Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción que abarca la Cámara de Apelaciones de Rosario.

Sin embargo, si bien ratificó su compromiso para la pronta puesta en marcha del sistema acusatorio en Rosario, la Procuración General solicitó una prórroga para su adecuada implementación.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, envió una nota a Cúneo Libarona explicando que es indispensable contar con más tiempo para adecuar la infraestructura y la coordinación con el Poder Judicial de la Nación y el resto de los organismos competentes.

“La inminencia en la ejecución de la medida implicaría la puesta en funcionamiento del sistema sin muchas de las adecuaciones que, al menos esta institución, considera fundamentales para el correcto cumplimiento del rol que el nuevo modelo le exige”, precisó. 

El procurador general además recordó que mediante nota del 26 de febrero último la Institución informó al Ministerio de Justicia “los avances del proceso para lograr dicha implementación, y se acompañó el análisis y diagnóstico de la situación de los recursos humanos y sus necesidades, la infraestructura edilicia y tecnológica disponible, el estado de los laboratorios, las capacitaciones efectuadas a magistrados, funcionarios, empleados y fuerzas de seguridad”. 

En la carta Casal también advirtió que “es indispensable la adecuación de la infraestructura edilicia” para garantizar “el resguardo de evidencia, la recepción y alojamiento transitorio de personas detenidas, el reemplazo del tradicional expediente a un legajo digital, así como la correcta atención de las víctimas y testigos, funciones que este organismo adquiere a partir de la nueva asignación de roles que establece el CPPF”. 

El procurador señaló que si bien los avances institucionales, en particular en la jurisdicción federal de Rosario, “son notorios” resultan “insuficientes para la inmediata puesta en marcha del referido código de forma”.

Por ello solicitó “un término adicional” para hacer posible “el piso mínimo de circuitos de trabajo y coordinaciones interinstitucionales” y así evitar “consecuencias nocivas”. 

La UEJN se declaró en estado de Alerta y Movilización

Por su parte, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) manifestó su rechazo a la decisión de Cúneo Libarona  y la consideró “imposible y temeraria” “Tal resolución decretas el Estado de Alerta y Movilización en dicha jurisdicción”, precisaron en un comunicado. 

En el texto señalaron que “teniendo presente que la puesta en marcha del nuevo Código en la jurisdicción de Salta y Jujuy llevó un proceso de 8 meses y medio, y que aún demuestra las inconsistencias en cuanto a falta de recursos y de personal para llevar adelante una tarea eficaz, esta decisiones apresurada debe ser revisada, si el objetivo es el éxito de dicha implementación, de lo contrario está destinada al fracaso”. 

“Los judiciales no vamos a permanecer con los brazos cruzados. El funcionamiento de la Justicia es una cuestión seria y no acepta improvisaciones como se pretende desde el Poder Ejecutivo en este caso, sentenciaron. 

Reparos ante la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Rosario