El Consejo de la Magistratura comenzó una nueva etapa, de forma obligada, después de que transcurrieran los 120 días de plazo que la Corte Suprema le dio en diciembre luego de declarar inconstitucional su integración con 13 miembros. En ese fallo, le dio dos opciones: o el Poder Legislativo sancionaba una nueva ley o a partir del 16 de abril debía volverse al esquema de 20 integrantes. Si eso no sucedía, todas las decisiones que se tomaran desde el organismo serían nulas.

Por este motivo, se llevaron adelante las elecciones de juezas y abogadas (no exentas de polémicas) mientras en el Congreso no se ponían de acuerdo ni para sesionar sobre una nueva ley. Tampoco hubo diálogos sobre los o las dos representantes que debían mandar para completar el esquema. La oposición considera que deben ser Roxana Reyes (por diputados) y Luis Juez (por senadores).

Lo que estipula la ley de 1997 (derogada pero puesta virtualmente en funciones por la Corte en su fallo) es que ese lugar está reservado para la segunda minoría. La oposición sostiene que son el bloque PRO en Senado y la UCR en Diputados. El oficialismo no lo ve así, pues considera que en todo caso deben computarse como interbloque.

La elección de la representante de los académicos estaba prevista para esta semana que comienza, con el fallo ya vencido. Si bien todo estaba encaminado para que sea Pamela Tolosa (Universidad Nacional del Sur) la elegida, la situación se complicó. Como el proceso de elección ya no se hizo de forma directa sino de manera indirecta, la UBA cuestionó el sistema y un grupo de abogados se presentó en el fuero contencioso administrativo federal para conseguir una cautelar y frenar todo. 

No obstante esa indefinición, Horacio Rosatti llegará este lunes y se convertirá en el presidente del Consejo. Quienes miran con recelo esta situación sostienen que el fallo que la propia Corte firmó en diciembre sostiene que solo se podrá poner en funciones el organismo cuando estén los 20.

“Los nuevos miembros iniciarán su mandato de manera conjunta  y simultánea y lo concluirán -con excepción del presidente, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 10 de la ley 24.937-en el momento en que se complete el período del mandato de los consejeros actualmente en ejercicio”. El uso del inicio de mandato “de manera conjunta” es lo que los hace sostener eso. Del otro lado, marcan que se puede acceder y funcionar siempre y cuando haya quórum.

Lo cierto es que no se vislumbra una solución rápida ni para nombrar a los dos representantes del Congreso ni para aprobar la ley que pasó a la instancia de Diputados, donde el oficialismo no tiene los números necesarios. El proyecto que llegó del Senado no contempla a la Corte como integrante, requisito indispensable para la oposición.

Este mismo lunes, Sergio Massa se reunirá con representantes de la oposición justamente para tratar el tema. Mientras tanto, están pendientes los informes que tanto él como Cristina Kirchner, en sus roles de presidentes de ambas cámaras, deben girarle al juez federal de Paraná que dictó la precautelar donde les impide legalmente nombrar a los representantes.

¿Qué argumentos deslizarán en ambos informes? ¿Cómo argumentar algo que, de todas formas, no iba a hacerse? Casi que parece una situación caída del cielo: ya no es la política la que no quiere sino un juez el que no deja. El Consejo podrá seguir funcionado (con sus particularidades y en este contexto incierto) pues el propio magistrado Edgardo Alfonso así lo explicita. Después de los informes, se vendrá en todo caso la cautelar real, cuya duración puede ser como mínimo de tres meses. 

Cobra relevancia así el reglamento de urgencia que el Consejo aprobó el miércoles, en el último plenario que estuvieron legalmente habilitado a ser 13. Sancionado como herramienta de contigencia, tiene las bases como para que no se paralice el sistema judicial. Junto a eso se aprobó, incluso, lo necesario para llamar a elecciones para consejeros/as del período 2022-2026. Si, toda esta complicación, nuevos nombramientos y más serán solo por unos meses. Habrá que esperar a noviembre para saber si habrá nueva ley (difícil) o si llevarán adelante los procesos de elecciones para determinar los 20 nuevos/as integrantes.