El juez Alejandro Catania rechazó hoy quedarse con el expediente por el contrabando de armamento a Bolivia que le había enviado su colega Javier López Biscayart. La causa pasará entonces a la Cámara en lo Penal Económico, que tendrá que definir a qué juez le corresponde intervenir.

Este tire y afloje entre jueces comenzó hace algunas semanas. Hay que tener en cuenta que existen varias denuncias sobre lo ocurrido en noviembre de 2019. La primera presentación la hizo el ex juez Eduardo Freiler (basado en una nota periodística) el 12 de julio a las 13:57.

Como ya no era horario de atención judicial, se sorteó al día siguiente a las 07:48 y recayó en el juzgado de Catania. La denuncia que hizo el gobierno a través de los ministerios de Seguridad y Defensa y de AFIP se presentó a las 16:27 del 12 de julio: también fue sorteada al otro día y le cayó a López Biscayart a las 8:01.

“Debe tomarse en cuenta la fecha y la hora de inicio de cada una de las actuaciones”, dijo Lopez Biscayart en la resolución en que declinó su intervención. Es decir, consideró que le tocaba la causa a Catania porque la primera denuncia había sido sorteada 13 minutos antes. 

El magistrado Catania estaba de licencia y se reincorporó esta semana. Evaluó la situación y consideró que la causa ya tenía “un cause definido” en manos de Lopez Biscayart y que estaba más avanzada.

Como había anticipado Data Clave, dentro de Tribunales hay dos criterios para tener en cuenta en estas situaciones: uno es el que aplicó López Biscayart (qué causa se inició primero) y el otro se basa en qué investigación se encuentra más avanzada.

En ese sentido, el primer juez había considerado que como no hubo indagatorias en ninguno de los expedientes, todos estarían en “igualdad”. Otros señalan (como Catania) que el avance puede ser en que expediente se tomaron la mayor cantidad de medidas y de recolección de pruebas.La situación se resolverá ahora en la cámara en lo penal económico, que debe definir cual de los jueces tiene razón. 

Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el ex director general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde son algunos de los imputados en el expediente. Durante la feria, la fiscalía incorporó como imputado al comandante de la Gendarmería Nacional Argentina Adolfo Héctor Caliba, encargado de las tareas de “recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviados”.