El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo el viernes que “quien conduce y negocia con el FMI es el Gobierno nacional” y por eso “buscamos un acuerdo que tenga como base nuestra visión política". 

"Nosotros buscamos enviar el programa al Congreso una vez que hayamos alcanzado los entendimientos con el staff”, expresó Guzmán en referencia al proyecto de "Plan económico plurianual" que quieren presentar en diciembre.

Más allá de las declaraciones, cuatro días antes, es decir el lunes, cuando habían pasado menos de 24 horas de las elecciones del domingo, cumplió con una de las “condiciones” que pone el Fondo Monetario Internacional (FMI) para llegar a un acuerdo: no intervenir en el tipo de cambio.

Guzmán, junto al titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, dejaron de operar en el dólar MEP y este subió $ 13 y se puso en torno de los $ 200, como el resto de los dólares financieros.

Está claro que para llegar a un acuerdo con el FMI tendrá que hacer otras “concesiones” pero ya comenzó con una. Ahora faltara reducir la brecha cambiaria, que alcanza al 100% entre el oficial y los financieros.

Sin embargo, hasta economistas de la oposición como Alfonso Prat Gay o Hernán Lacunza, considera que es imposible en la actual circunstancia liberar por completo el mercado cambiario, y por eso se cree que el Fondo permitirá que continúe esta “administración”, lo que no se sabe es por cuánto tiempo.

Junto a no intervenir en el tipo de Cambio, Guzmán logrará otro punto a favor: cerrar este año con un déficit fiscal primario entre el 3% y 3,5% el PBI, por debajo del 4,5% que había proyectado en el Presupuesto 2021.

“Nosotros no vamos a firmar un ajuste. Eso es lo que hizo el Gobierno anterior”, dijo Guzmán, pero lo cierto es que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) destacó que en los primeros 10 meses del año el gasto corriente cayó 7,2% en términos reales meced a unan rebaja del 14% en las Prestaciones Sociales, ($4 billones), que básicamente se explica por una caída de salarios del sector público y de las jubilaciones.

Guzmán cumple con el Fondo y presenta el borrador del acuerdo al Gobierno

 Los otros que perdieron fueron los gobernadores. Las transferencias a las provincias disminuyeron 29% real en 10 meses ($236.000 millones).

En cambio, el gasto que subió fue Subsidios Económicos, 30,7%, Otros Gastos Corrientes, 40% y Gastos de Funcionamiento 14%.

Por otro lado, lo que más interesa a Guzmán, que es el gasto de capital, que en otras palabras es la obra pública, creció hasta octubre el 73 % hasta ubicarse en $155.000 millones. De ello, lo que se denomina Inversión Real Directa alcanzó los $161,000 millones y creció 65.6%.

Dicho de otra manera, la baja en salarios y jubilaciones, que representan el 60% de total del gasto, permitió la expansión del congelamiento de tarifas, en especial en el AMBA, y la realización de obra pública en aquellos distritos favorecidos.

El problema que tendrá Guzmán en 2022 es que algunos de los ingresos extraordinarios que tuvo este año, como la alícuota incrementada de Bienes Personales para bienes en el exterior o el “Aporte Solidario”, y los US$ 4.400 millones en Derechos Especiales de Giro que le dio el FM, no estarán el año que viene, lo cual obligará a por lo menos, a bajar los subsidios.

Acá ya se “chocó” con la poderosa Secretaria de Energía que, en teoría, está su cargo, y en la que su titular, Darío Martínez anunció que no habrá modificación de tarifas al menos hasta abril.

Pero en la contabilidad pública “no todo está perdido”. Emanuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, puso el ojo en que, para el año que viene, el proyecto de Ley de Presupuesto prevé 2,5% del PBI para obra pública “en un año en que no hay elecciones” por lo cual ese “gasto” puede reducirse a la mitad.

Entendamos que “el programa plurianual” que le van a presentar al FMI es, en otros términos, “La carta de intención” que el organismo firma con todo país para refinanciarle la deuda, y en donde se dice “grosso modo” cómo evolucionarán las principales variables macroeconómicas, como para que el Gobierno tenga superávit fiscal y pague lo que debe.

Ahí Guzmán también tendrá que poner qué espera de inversión privada, y en ese escenario las perspectivas son más borrosas.

La anunciada inversión de más de US$ 4000 millones en Hidrogeno Verde tiene como supuesto que la empresa australiana tenga beneficios impositivos y una zona franca especialmente ideada para ella, con libre disponibilidad de divisas. Eso se podría aplicar en un país con una economía estable, que no es el caso de Argentina. Además, si eso se lo dan a una empresa “nueva” ¿Qué no le pedirán las que están instaladas en el país hace 40 años?

Además, no todas son rozas. La semana pasada el Canciller, Santiago Cafiero, se reunió con las principales empresas automotrices para tratar de que mejoren la balanza comercial del sector que en solo nueve meses arrojó un déficit de casi US$ 5.000 millones, más allá de las promesas de inversión que vienen haciendo.

Por último, “es importante que este plan tenga apoyo político y social amplio”, advirtió el jueves el vocero del FMI, Jerry Rice, en alusión no solo a Juntos por el Cambio sino también el kirchnerismo, para destacar que “nuestro objetivo es ayudar a Argentina y a los argentinos a sentar las bases para lograr un crecimiento más sostenido e inclusivo”.

En la vereda de enfrente, Juntos por el Cambio quiere saber qué es lo que le va a presentar el Gobierno, como así también varios gobernadores peronistas que no quieren recortes en las partidas presupuestarias.

Rogelio Frigerio, uno de los ganadores de las pasadas elecciones además brindo un enfoque importante al asegurar que, frente a la actual crisis “el gradualismo no es una opción. Para gestionar hace falta hacer las cosas rápido, en los primeros momentos”.

“El ritmo en el que se desarrollan las reformas tiene que ser cada vez más rápido. Ya lo planteaba mi abuelo hace un cuarto de siglo, en su teoría del desarrollismo”, dijo el flamante diputado entrerriano.