La otra deuda que deberá enfrentar el próximo gobierno: más de US$ 54.000 millones
Este compromiso está conformado por los US$ 16.099 millones del fallo adverso por la estatización de YPF, junto con US$ 38.000 de endeudamiento comercial de las empresas.
La deuda del Estado argentino en condiciones normales de pago alcanzó a agosto –última cifra oficial– los US$ 392.900 millones, unos US$ 10.000 millones menos que en julio, porque gracias a la devaluación del 21% post PASO se licuó parte de la deuda en pesos.
Pero más allá de esta deuda consolidada, el gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre deberá hacer frente a otros compromisos que se fueron acumulando con el correr de los años. Por ejemplo, está la deuda comercial, es decir, dinero que pusieron las empresas para importar bienes y servicios, a cuenta de que el Estado luego se lo iba a regresar.
Según el último informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, esta deuda aumentó en los últimos tres años “alcanzando los US$ 38.000 millones. Este incremento está originando complicaciones en el crédito privado que las empresas tienen con sus proveedores y podría ocasionar mayores tensiones en las cadenas productivas”.
Esta cifra es menor respecto a los casi US$ 42.000 millones que calculó por el mismo concepto el IERAL, la casa de estudios de la Fundación Mediterránea, que comanda Carlos Melconian, el “candidato” a manejar el minist erio de Economía si gana la presidencia Patricia Bullrich.
Pero a estos compromisos, con empresarios que operan en el mercado local, se le agregó a comienzos de mes otros US$ 16.099 millones que impuso la justicia norteamericana en un fallo que cuestionó la forma en que el Gobierno argentino llevó adelante el proceso de estatización de YPF.
La jueza de Nueva York, Loretta Preska, dejó firme el fallo el 15 de septiembre, y desde entonces comenzaron a correr los intereses sobre esta deuda hasta que Argentina pague. El gobierno de Alberto Fernández anunció que antes del 15 de octubre apelará esta sentencia, pero eso no significa que no se siga acumulando esta deuda.
En este caso la situación es más complicada, porque la magistrada había dejado de lado la responsabilidad de la empresa YPF en el proceso de estatización, criterio que podría no ser tenido en cuenta en una segunda instancia y permitir al litigante fondo Burford ir contra los activos de la compañía para cobrar la deuda.
Falta poco más de 80 días para que el nuevo Gobierno asuma, y sea quien sea el próximo presidente, deberá enfrentar estos compromisos y los US$ 392.900 que ya están acumulados.