La economía argentina llega a 2021 en una situación de marcado empobrecimiento -que lleva muchos años pero que se acentuó en el último con la pandemia- y fuertes desafíos.

De los muchos interrogantes que se abren de cara al futuro, hay tres que se destacan: si el Gobierno logrará contener las presiones cambiarias, cómo evolucionarán los contagios de coronavirus y qué curso tomará la política económica ante la proximidad de las -cruciales- elecciones de medio término.

Argentina, lamentablemente, sigue destacándose como campeón del no desarrollo. Algunos datos de muestra:

-Con una caída proyectada de más de 10% para 2020, hoy el PBI se ubica 15% por debajo del nivel alcanzado una década atrás.

-La pobreza viene creciendo a paso firme, al punto que se encuentran en esta condición 6 de cada 10 niños.

-Y el desempleo llega a 20,1% de la población si se incorpora la desocupación oculta representada por aquellos trabajadores que perdieron el empleo y no pudieron salir a buscar otros por la cuarentena (datos de IDESA).

En el Gobierno existe la expectativa que, con la llegada de las vacunas, la pandemia comience a ser controlada. Sin embargo, la suba en los contagios de los últimos días junto con la aparición de nuevas cepas del virus constituye un panorama inquietante. Entre los especialistas existe la presunción que a medida que se acerque el otoño, no debería extrañar la aparición de nuevas restricciones a la circulación con el consiguiente impacto negativo en la actividad económica.

 

Dólar

Por otra parte, y en lo inmediato, los economistas se preguntan si el Palacio de Hacienda logrará evitar un salto “discreto” del dólar.

Las distintas medidas adoptadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán -baja de retenciones, licitación de instrumentos dólar link, venta de bonos, entre otros- lograron aquietar al mercado. Si bien en los últimos días el Banco Central logró en el margen recomponer reservas, en la actualidad las netas, el verdadero poder de fuego de la autoridad monetaria, se ubican en torno de 4.000 millones de dólares, “nivel que no permite atravesar sin sobresaltos el año electoral si las presiones cambiarias se reanudan”, según Ecolatina.

Pero el Gobierno hará todo lo posible por evitar un salto en el tipo de cambio ya que una mayor devaluación aceleraría la inflación, golpeando el poder adquisitivo de las familias y, por ende, el consumo.

El Gobierno cuenta a favor con una sensible mejora en el contexto internacional. El debilitamiento del dólar y la consiguiente suba de las materias primas permiten que, por ejemplo, la cotización de la soja supere los 460 dólares por tonelada, cuando meses atrás apenas sobrepasaba los 300 dólares.

Además, China -el principal comprador mundial- aumentará sus importaciones debido a la necesidad de reconstruir su enorme hato de cerdos, un proceso necesario para atender la creciente demanda de la proteína.

De esta forma -y siempre que las condiciones climáticas no jueguen en contra- el país podría recibir un ingreso extra de 4.000 millones de dólares el año próximo.

No menos importante es la revaluación que está sufriendo la moneda en Brasil que se ubica en unos 5,2 reales por dólar cuando, en medio de la crisis, se acercó a 6 reales. Cabe recordar que el principal socio del Mercosur es el mayor destino de las exportaciones argentinas de manufacturas.

De todas formas, la mejora en las condiciones internacionales no parece suficiente como para evitar tensiones sobre el dólar en el país, particularmente tras la monumental emisión de dinero que significó atender la pandemia.

Por remesa de utilidades y adelantos, el Banco Central giró cerca de 1,9 billones de pesos al Tesoro durante el año. Esta emisión fue necesaria para atender un déficit primario del orden de 7% del PIB que sumado al financiero ronda 9,5%.

Los especialistas consideran que sería necesario seguir profundizando las medidas de austeridad fiscal que empezó a desarrollar el Ministerio de Economía, para desalentar la demanda de divisas, frenando la corrida y relajando las presiones sobre el dólar oficial.

Política

Aquí aparece el tercer interrogante referido al curso que seguirá la política económica. Guzmán comenzó a dar señales de austeridad fiscal pero estas medidas generaron cortocircuitos dentro de la coalición gobernante.

El mejor ejemplo es la mejora en el sistema de ajuste de las jubilaciones impuesta en el Senado con relación al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, y tal como adelantó Data Clave, desde el kirchnerismo se viene cuestionando lo que consideran un “apresurado” levantamiento de medidas de apoyo a la sociedad como el Ingreso Familiar de Emergencia, dispuesto por el Ministerio de Economía.

Al respecto, hay quienes se interrogan cuánto podrá evitar el Palacio de Hacienda la vuelta de estos subsidios si retornan las medidas de aislamiento. 

Las posibilidades de aquietar a los mercados también se vinculan con la necesidad que tiene el país de llegar a un acuerdo con el FMI. Si bien tanto las autoridades argentinas como fuentes del organismo multilateral afirman que se están manteniendo conversaciones “constructivas”, desde Washington se señala que difícilmente pueda cerrarse un entendimiento antes de marzo o abril, como también lo reconoció el propio Guzmán.

Por lo pronto, el gobierno argentino está tomando algunas decisiones que van en contra de la mayor austeridad fiscal por la que pugna el Fondo. Por caso, la decisión de mantener congeladas las tarifas -una situación que se extendería durante el año, al menos para los sectores de menores ingresos- llevaría a que el gobierno deba otorgar más subsidios, complicando las cuentas públicas.

Especialistas consideran que la suba debería ser de por lo menos 40%, pero versiones originadas en sectores del kirchnerismo sostienen que los ajustes deberían ser de un dígito, en promedio. Y al referirse a promedio queda implícito que los sectores más desprotegidos no sufrirían aumentos que sería compensado con un ajuste marcado en los segmentos de altos ingresos.

Todo indica que la necesidad política del Gobierno de no llevar adelante un “ajuste” en un año electoral chocará con la tradicional política de austeridad que demanda el Fondo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no sólo Argentina necesita un entendimiento, también lo requiere el organismo multilateral que tiene al país entre sus principales deudores. Hay quienes confían en que finalmente se arribará a un acuerdo, más aún con la esperanza de que el entrante presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, “nos apoye”.

Sin embargo, analistas internacionales con experiencia en la relación que tuvo el kirchnerismo con el Fondo, creen que no habrá acuerdo con el FMI en el actual escenario. Argumentan que “no le sirve al gobierno de cara a las elecciones mostrarse como que le imponen un ajuste”. En todo caso, especulan con que Argentina pagará los vencimientos con el organismo multilateral del 2021 -unos 3.700 millones de dólares- y el acuerdo quedaría para más adelante.

Lo que no tiene asegurado el Gobierno es que las expectativas le jueguen a favor. En lo inmediato sucede lo contrario. Es posible que determinados sectores, como por ejemplo petróleo y gas, aumenten sus inversiones, pero en líneas generales el ánimo de los empresarios es negativo.

Resulta reveladora, en este sentido, una encuesta realizada por la Cámara Argentina y Servicios que arroja que 40% de los empresarios imagina peor la situación dentro de 6 meses y 33% mucho peor, contra 15% que cree que será igual y sólo 12% que mejorará.