El homicidio de Mariano Barbieri, en la noche del miércoles en el barrio de Palermo, para robarle su teléfono celular es el final de una cadena que en su extremo tiene organizaciones criminales que hacen un negocio fenomenal con la sustracción de los teléfonos.

Casi en forma coincidente con el asesinato de Barbieri en uno de los barrios más pudientes y por eso mismo más custodiados de la ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal desbarató una banda que se dedicaba a esa actividad delictiva.

Según dijeron fuentes de esa fuerza de seguridad a Data Clave, el Aérea de Cibercrimen de la Federal terminó con una banda integrada por punguistas, arrebatadores, reductores, liberadores y vendedores de teléfonos celulares.

El grupo estaba conformado por una selección sudamericana, ya que había personas de nacionalidades peruanas, venezolanas y argentinos, que alquilaban temporalmente locales en galerías del barrio de Once, en especial sobre la Avenida Pueyrredón.

Allí recibían los teléfonos recientemente robados -en su jerga se los conoce como enfriadores- donde de inmediato se hacen con toda la información de los dispositivos y, en algunos casos, acceden a cuentas bancarias, para proceder al desvío del dinero.

Después, dependiendo del modelo del aparato, los llevan hasta los laboratorios y allí con herramientas y software específico los liberan para inmediatamente ponerlos nuevamente en venta  en el circuito del mercado negro.

La División Delitos Tecnológicos de la Superintendencia de Investigaciones Federales por disposición del Juzgado Federal N° 12, a cargo de Ariel Lijo, llevó a cabo números allanamientos de comercios ubicados en una galería de la Avenida Pueyrredón.

De este modo descubrieron los laboratorios donde se liberaban los aparatos y se secuestraron más de 100 dispositivos electrónicos, varios de ellos en banda negativa (es decir denunciados por robo), también máquinas desbloqueadores y herramientas.

Las fuentes explicaron que finalmente quedaron bajo arresto todos los integrantes de la banda, que fueron puestos a disposición del juez Lijo, quien luego de tomar las declaraciones indagatorias resolverá la situación procesal de cada uno de los imputados.