Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi presentaron esta semana una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino por el mecanismo de traslados que derivaron en la resolución de la Corte Suprema que consideró, hace poco más de un mes, que son siempre transitorios y nunca definitivos.

La presentación de los magistrados integrantes provisoriamente de la Cámara Federal tiene 116 páginas. Piden a la CIDH que se frenen los concursos abiertos para ocupar sus dos cargos, que ya tienen fecha para iniciarse (26 de febrero de 2021).

En la denuncia, hacen referencia a cierta intencionalidad política en su contra. Afirman que fueron removidos de sus cargos por la política y sostienen que si bien son actos que parecen lícitos, en realidad tienen un vicio originario de ilegalidad. Exigen a la Comisión que intervenga en la cuestión para exhortar al Estado a que vuelvan a sus cargos o no respetar el fallo del Máximo Tribunal.

Dentro del sistema interamericano hay dos instancias posibles previstas para casos de gravedad institucional. Una son las recomendaciones de la CIDH a los estados, la otra es la instancia fundamental: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde un fallo puede exhortar al Estado a que cumpla ciertas indicaciones.

La Comisión y la Corte Interamericana tienen tiempos “más largos” en líneas generales y no suelen inmiscuirse en casos, a menos que consideren que hay una profunda violación a alguna garantía o a algún derecho humano dentro de ese país.